El 5 de noviembre de 2026 la jueza Kenya Romero, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó una sentencia contra Miguelina Bello Segura. La mujer fue condenada a tres años de prisión por vender clandestinamente municiones policiales a ciudadanos haitianos.

Condiciones de la pena

Bello Segura aceptó un convenio con la Fiscalía, reconoció su participación y se comprometió a colaborar con la causa. Según el acuerdo, la mitad de la condena quedó suspendida bajo estrictas reglas de conducta. Deberá cumplir un año y medio de prisión domiciliaria y el resto quedará condicionado al cumplimiento de medidas judiciales.

"Deberá permanecer en un domicilio fijo, informar cualquier cambio de residencia y no podrá salir del país sin autorización judicial", señaló la jueza.

Además, se le prohibirá portar armas y consumir alcohol de forma abusiva. Tendrá que presentarse mensualmente ante la autoridad designada para supervisar el cumplimiento de las condiciones.

Operación Pandora y el daño al Estado

El caso forma parte de la investigación conocida como Operación Pandora, que persigue una supuesta red dedicada al robo de municiones y equipos de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. La Fiscalía estima que la trama provocó un perjuicio de 92.2 millones de pesos dominicanos al Estado.

Entre los imputados que enfrentarán juicio de fondo se encuentran el excoronel Narciso Antonio Féliz Romero, exjefe de la Intendencia, y el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos. Otros acusados incluyen a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez, a quienes se les sustituyó la prisión preventiva por una fianza de 500 mil pesos y la prohibición de salir del país.

En septiembre, otro integrante de la trama, Marino Antonio Rodríguez Toribio, recibió una condena de cinco años de prisión domiciliaria y se ordenó el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., junto al decomiso de sus bienes y una multa equivalente a diez salarios mínimos del sector público.

La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 5 de noviembre a las 15:00, según informó Diario Libre.