La extracción ilegal de oro en la zona limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica escaló a una disputa diplomática. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica vinculó el 23 de octubre el desplazamiento de mineros artesanales nicaragüenses hacia territorio costarricense con la actividad de compañías chinas instaladas en Nicaragua. Al día siguiente, China desmintió esa versión.

El foco del conflicto es Crucitas, una localidad de la provincia costarricense de Alajuela, pegada al límite con Nicaragua, donde las autoridades y organizaciones ambientalistas venían alertando por el avance de la minería sin permisos.

La acusación estadounidense

La representación diplomática de Washington afirmó que la actividad ilegal genera una presión cada vez mayor en la frontera norte de Costa Rica. Expresó su respaldo al país centroamericano para proteger ese límite y combatir la extracción irregular y el tránsito asociado.

Según la embajada estadounidense, las prácticas de las empresas chinas que operan en Nicaragua explican por qué más mineros nicaragüenses cruzan la frontera en busca de material aurífero.

El rechazo de Pekín

La Embajada de China en Nicaragua negó que firmas de ese país desarrollen tareas mineras en la frontera o en zonas cercanas. Sostuvo que las acusaciones estadounidenses "carecen de fundamento fáctico" y que confunden deliberadamente temas distintos.

Además, reclamó a Washington que deje de usar la cuestión minera para desacreditar la cooperación entre China y Nicaragua. El Gobierno nicaragüense acompañó esa posición.

No es la primera vez que la sede diplomática china sale a responder por este tema. En marzo ya había negado que compañías chinas compraran material extraído ilegalmente en Crucitas y había calificado esas versiones como "propaganda mediática".

Concesiones bajo la lupa

El trasfondo de la discusión son los permisos mineros que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó a empresas de capital chino. En febrero se documentó la entrega de 72 concesiones a 16 empresas chinas, que en conjunto superan un millón de hectáreas e incluyen territorios indígenas, afrodescendientes y áreas ambientalmente sensibles.

Parte de esos permisos alcanza zonas próximas a Costa Rica. La existencia de las concesiones, por sí sola, no prueba que las compañías beneficiadas participen directamente en la extracción ilegal denunciada en Crucitas.

La presidenta costarricense Laura Fernández manifestó en junio su inquietud por los permisos cercanos al límite y por la situación de la reserva Indio Maíz, entregada a firmas chinas. En esa zona se estimaba la presencia de entre 1.500 y 1.800 mineros artesanales.

"Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua", declaró Fernández. "Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua, ¿para dónde creen que se van a venir esos mineros artesanales?"

La disputa deja enfrentadas las advertencias de Estados Unidos y Costa Rica con las negativas de China y Nicaragua, en un área donde la minería irregular de oro sigue creciendo.