Entre marzo y septiembre de 2026, las autoridades rusas expulsaron a 11 ciudadanos cubanos hacia Uzbekistán sin comunicarles el destino ni entregarles documentación sobre el procedimiento. Los afectados pensaban que serían repatriados a la Isla, pero descendieron en Taskent sin recursos, sin contactos y sin una explicación oficial sobre su salida de territorio ruso. La información surge de una investigación periodística que reunió los testimonios de los propios deportados.

El traslado se produjo en un contexto de restricciones aéreas: en febrero de este año se suspendieron los vuelos comerciales directos entre Rusia y Cuba por falta de combustible en la Isla. Como alternativa, los pasajes Moscú–Taskent costaban entre USD 164 y USD 207, mientras que las rutas disponibles hacia La Habana superaban los USD 1.000, según una búsqueda realizada el 12 de octubre.

Una redada, meses de encierro y un vuelo sin retorno

Los 11 entrevistados describieron una secuencia común: una redada, meses de detención en centros migratorios, el traslado al aeropuerto y un vuelo hacia un país de Asia Central que algunos ni siquiera ubicaban en el mapa. Ninguno había aceptado ese destino ni sabía bajo qué figura legal había sido enviado.

El caso de María Antonia Pérez Salazar, una cubana de 73 años, es uno de los más extremos. Bajó de un avión en Taskent poco después de las 6:00 del 1 de agosto de 2026, con un vestido grueso de manga larga y botas de invierno, la ropa que había usado durante su detención en Moscú y que conservaba como sus prendas más presentables en pleno verano uzbeko. Llevaba una bolsa con ropa interior, tres camisetas, una bata para dormir, dos pantalones ligeros y un cepillo de dientes. No tenía teléfono, dinero ni información sobre el lugar donde estaba.

Su hija, Niosly Vidal, sabía que sería deportada, pero ambas suponían que el destino sería La Habana. Las autoridades rusas, en cambio, compraron un boleto a Uzbekistán y enviaron sola a María Antonia a más de 12.000 kilómetros de Cuba, mientras Niosly permanecía detenida en Rusia y sus tres hijos quedaron bajo custodia de servicios sociales.

Durante sus primeros días, María Antonia recorrió una y otra vez la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Islam Karimov. Buscaba a alguien que hablara español, observaba los puestos de comida rápida, las máquinas expendedoras y una tienda que parecía vender tarjetas telefónicas, con la esperanza de conseguir ayuda o hallar una bebida abandonada. Las autoridades migratorias uzbekas le entregaban una comida diaria, aunque no estaba bajo su custodia. Los ciudadanos cubanos pueden ingresar sin visa al país por hasta 30 días, por lo que ella podía abandonar el aeropuerto, pero no tenía un lugar adonde ir ni recursos para sobrevivir fuera de la terminal.

El baño se convirtió en el único sitio donde podía beber agua y asearse. Mojaba papel sanitario bajo el grifo para limpiarse, usaba jabón líquido en el cepillo de dientes y dormía en sillas acolchadas para viajeros, después de comprobar que las metálicas le impedían descansar. Al tercer día, escuchó un acento caribeño. Era un joven cubano deportado desde Rusia, quien la llevó a un hostal de Taskent frecuentado por migrantes de la Isla. Allí encontró un techo, pero no una salida para su situación.

Otra historia, el mismo patrón

Yalina González Morales, de 29 años y natural de Mayabeque, vivió un proceso parecido. Fue escoltada por policías rusos, no pudo revisar el boleto ni conocer la ruta y descubrió que estaba en Uzbekistán solo después de aterrizar. Las 11 personas entrevistadas coincidieron en que no recibieron órdenes de deportación, comprobantes de traslado ni papeles que explicaran por qué habían sido enviadas a un tercer país. Tampoco firmaron documentos que autorizaran la salida, según sus testimonios.

"No habíamos registrado antes expulsiones de cubanos desde Rusia hacia terceros países", afirmó Mihra Rittmann, investigadora para Asia Central de Human Rights Watch.

La defensora rusa Svetlana Gannushkina, dedicada durante años a asistir a refugiados y migrantes, también fue consultada por la investigación. Organizaciones internacionales califican estas prácticas como contrarias al derecho internacional de los refugiados, ya que los migrantes no fueron informados ni tuvieron oportunidad de impugnar el destino.

La suspensión de los vuelos directos entre Rusia y Cuba, vigente desde febrero, dejó a los migrantes cubanos en un limbo: no pueden costear las rutas alternativas a La Habana y quedan expuestos a ser enviados a países donde no tienen vínculos ni redes de contención. Los 11 casos documentados muestran que la práctica no fue aislada, sino parte de un procedimiento repetido durante al menos siete meses.