El 14 de octubre de 2026 se declaró en quiebra la Algodonera Avellaneda, empresa textil vinculada a Vicentin. El juez federal Fabián Lorenzini indicó que pretende tener una lista de interesados antes del fin de año, con la meta de seguir operando y proteger puestos de trabajo.

Proceso de venta y expectativas

Durante una audiencia con trabajadores, sindicatos, acreedores y empresarios que usan la planta, el magistrado explicó que la prioridad es que la fábrica continúe produciendo mientras se define la venta. “Queremos que la compre alguien que le dé vida y que la siga explotando de la mejor forma posible”, afirmó Lorenzini.

Aún no está claro si se venderá la totalidad de la compañía o solo sus unidades productivas. El juez señaló que se buscará un mecanismo competitivo que permita identificar a los postores más serios.

Inversiones y retos operativos

Los asistentes subrayaron la urgente necesidad de invertir para reducir el costo de la energía eléctrica, que encarece la producción en la planta de Reconquista. Facundo Trigueiro, CEO de Insumos XXI, manifestó su disposición a seguir operando bajo contrato, pero advirtió que la fábrica es actualmente ineficiente.

"Nosotros estamos en condiciones de seguir operando como fasón, siempre y cuando se respeten los precios que estamos pagando", dijo Trigueiro.

Trigueiro estimó que la incorporación de nuevos compresores podría costar entre US$100.000 y US$120.000, y sugirió alternativas como generadores a gas y mejoras en los sistemas de refrigeración.

El juez aseguró que la Justicia estudiará mecanismos para reconocer y proteger a quienes aporten capital durante la quiebra, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

Situación financiera de la empresa

Según la sindicatura, al 15 de octubre la compañía disponía de apenas $2 millones en efectivo, más $104 millones en cheques y valores, y alrededor de $93 millones en cuentas por cobrar. Además, había $32 millones en facturas pendientes a proveedores y deudas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Una operación bancaria fallida retrasó el pago de una quincena salarial.

La Justicia busca, en los próximos meses, una solución que permita mantener la actividad productiva y minimizar el impacto social de la quiebra.