El decomiso de 189 kilos de oro que iban a ser exportados de manera ilegal en Bolivia ha generado sospechas sobre la supuesta desaparición de 22 kilos del metal confiscado. La semana pasada, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, se encontraron cuatro maletas con 77 lingotes de oro, valuados en casi 25 millones de dólares, que iban como parte del equipaje de un vuelo chárter con destino a Dubái.

Según el reporte oficial, tras evidenciarse irregularidades en la documentación del registro de exportación, la Policía decomisó 189 kilos de oro. Sin embargo, medios de prensa locales difundieron fotografías que muestran que el pesaje inicial sumaba 211 kilos. La diferencia entre el peso del cargamento y lo reportado oficialmente es de 22 kilos y tendría un valor de cerca de tres millones de dólares.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, admitió que “efectivamente se ha reportado que serían algunos kilos encima” y anunció que se investigaría el caso con “documentación verificable”. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Jhonny Coca, descartó irregularidades y afirmó que el peso difundido por medios locales incluye las maletas y los materiales utilizados para embalar los lingotes.

Antecedentes

No es la primera vez que se denuncia irregularidades y pérdida de pruebas durante una investigación policial en Bolivia. En los últimos nueve meses hubo al menos tres denuncias públicas. El senador de la alianza Libre, José Manuel Ormachea, pidió una mayor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno para el resguardo de los bienes incautados que hacen parte de las investigaciones.

Investigación en curso

Mientras se desarrolla la investigación, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, criticó el accionar de la Policía, la Aduana Nacional y el Servicio Nacional de Registro de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y anunció acciones penales por lo que considera “la punta del ovillo que destapará una red de corrupción gigantesca” en el país. El caso ha derivado en la aprehensión de Adrián L.R., de 22 años, quien se investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, venta ilegal de recursos minerales y contrabando.