El Gobierno de Costa Rica informó que, por el momento, no pedirá un incremento de la tarifa de agua potable, a pesar de que la última actualización tarifaria se realizó en 2018. La decisión se enmarca en un proceso interno que busca ordenar la gestión financiera y administrativa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) antes de trasladar costos a los usuarios.
Razones del Ejecutivo
Según la posición oficial, el objetivo es corregir deficiencias acumuladas y evitar que una eventual ineficiencia se convierta en un cargo para los hogares. > "El AyA no está solicitando aumento tarifario. La institución no presentará una subida al usuario en el corto plazo", señaló el Gobierno.
La mandataria, Laura Fernández, defendió la medida argumentando que su gestión prioriza la protección del bolsillo de los costarricenses sobre la defensa de instituciones por sí mismas.
Posición del AyA
Lourdes Sáurez, presidenta ejecutiva del AyA, confirmó que la entidad no ha presentado una solicitud de alza y que los últimos resultados financieros permiten posponer cualquier ajuste. > "En este momento no hemos pedido ni planeamos pedir un aumento a la tarifa de agua", declaró.
Sáurez añadió que la prioridad es administrar de forma positiva los recursos y activos antes de trasladar cualquier ineficiencia histórica al consumidor.
Impacto en finanzas y proyectos
El Instituto reportó un saldo acumulado a favor de los usuarios de ₡151 millones (aprox. USD 330 mil) durante 2023‑2024, y una ejecución presupuestaria del 88 % en 2025, la más alta de su historia. Entre 2010 y 2021 la ejecución promedio rondaba el 70 %.
Ante la pregunta sobre la viabilidad de obras como el proyecto Orosi II, la redacción del AyA aseguró que, con la planificación actual, puede financiar sus principales iniciativas, aunque reconoce una deuda histórica que necesita reestructuración.
El Gobierno reiteró que no pretende “castigar” al consumidor y que cualquier futuro ajuste dependerá de la capacidad del AyA para mejorar su gestión.
