El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que Nicaragua sigue en el Nivel 3 de la clasificación sobre trata de personas para 2026, al no cumplir los requisitos mínimos de prevención, protección a víctimas y persecución penal durante 2025.
Falta de acciones concretas
Las autoridades nicaragüenses no lograron implementar campañas de información pública ni programas de educación que reduzcan la exposición de grupos vulnerables, según el informe estadounidense. Mujeres, niños, migrantes y comunidades indígenas en la zona caribeña continúan siendo los más expuestos a redes de explotación laboral y sexual.
"Nicaragua minimizó la gravedad del problema", señaló el Departamento de Estado.
Marco legal y sanciones
La normativa nacional, la Ley 896 de 2015, castiga la trata sexual y laboral con penas de 10 a 15 años de prisión. Cuando se emplean violencia, engaño o coacción, las sanciones aumentan a 16‑18 años, y si la víctima es menor, pueden alcanzar 19‑20 años. Sin embargo, la definición legal no se alinea con los estándares internacionales.
Condenas y estadísticas oficiales
Durante 2025, el gobierno informó la condena de seis tratantes, la capacitación de funcionarios y la identificación de nueve víctimas. Además, se iniciaron procesos contra 15 sospechosos y se investigaron siete casos, de los cuales dos involucraron trabajo infantil. Los tribunales impusieron 20 años de prisión y multas a los condenados.
Los registros oficiales también incluyen 65 investigaciones y 62 procesos judiciales relacionados con explotación sexual infantil, con penas que oscilaron entre dos y siete años. No obstante, la información sobre cuántos de esos casos correspondieron a trata de personas no fue detallada.
Corrupción y falta de recursos
Observadores internacionales cuestionan la fiabilidad de los datos estatales y denuncian que funcionarios de seguridad e inmigración habrían aceptado sobornos para facilitar la trata. La escasez de recursos humanos y financieros limita la capacidad de investigación y de atribuir responsabilidades a los perpetradores.
El informe advierte que, sin cambios estructurales, Nicaragua seguirá sin cumplir los estándares mínimos exigidos por EE.UU. para mejorar su posición en futuras evaluaciones.
