Panamá puso en marcha un proceso de planificación forestal de largo alcance. Tras la primera Semana Forestal, un encuentro que reunió a especialistas de Portugal, Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y México, el país cuenta con un conjunto de recomendaciones que alimentarán el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056 y una eventual reforma de la Ley Forestal.
La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Forest Stewardship Council. Además de los expertos extranjeros, participaron investigadores, funcionarios, empresas y representantes de comunidades indígenas.
Cuatro ejes para ordenar el bosque
Las mesas de trabajo se organizaron en torno a cuatro áreas: gobernanza, investigación, participación territorial y mercados, con especial atención al financiamiento de las actividades forestales. Así lo explicó Sandra Sharry, directora del Sistema Nacional de Investigación de la Senacyt, quien señaló que las propuestas buscan fortalecer tanto el plan maestro como la futura legislación.
El director nacional Forestal de MiAMBIENTE, Carlos Espinosa, planteó que las decisiones deben sostenerse en evidencia científica y en una gestión responsable. También subrayó la importancia de articular al sector público con empresas, investigadores y comunidades para que la política forestal no quede atada a los cambios de gobierno.
La pérdida de bosques como telón de fondo
El debate ocurre en un contexto crítico. El Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023, difundido por MiAMBIENTE en agosto de 2024, registró 352.873 hectáreas perdidas en solo dos años, con impactos marcados en Veraguas, Darién y Coclé.
Como referencia anterior, el Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de Suelo 2021 había estimado que los bosques y otras tierras boscosas cubrían cerca del 68% del territorio nacional. Ese dato corresponde a un registro previo al diagnóstico de pérdidas y no debe leerse como una medición actualizada.
El propio Ministerio de Ambiente admite que la expansión agropecuaria presiona sobre los ecosistemas forestales. Entre sus metas para el período 2024–2028 figura diseñar una estrategia de financiamiento para conservar los servicios ambientales, junto con acciones de restauración y adaptación climática que demandan información científica y recursos económicos.
Biodiversidad y financiamiento
En el cierre del encuentro, el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, destacó que Panamá concentra alrededor del 5% de la biodiversidad mundial, según la estimación presentada durante la actividad. Sostuvo que ese patrimonio exige investigación propia, herramientas tecnológicas y profesionales especializados.
"Necesitamos ampliar el financiamiento nacional para investigaciones sobre biodiversidad", planteó Ortega Barría.
El funcionario adelantó que la Senacyt seguirá respaldando proyectos forestales a través de convocatorias científicas y de formación, con becas de posgrado y doctorado para quienes quieran estudiar los ecosistemas del país.
Bioeconomía como salida
Otro eje del encuentro fue la búsqueda de alternativas económicas compatibles con la conservación. Las mesas sobre mercados, inversión y bioeconomía analizaron mecanismos para financiar actividades forestales sostenibles, mientras la Senacyt impulsa una estrategia nacional de bioeconomía orientada a transformar el conocimiento científico en oportunidades concretas.
El desafío que queda por delante es traducir esas recomendaciones en normas y presupuestos. El Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056 y la reforma de la Ley Forestal serán los primeros exámenes para medir si el consenso internacional se convierte en política efectiva.
