OpenAI emitió una disculpa oficial el lunes ante el Gobierno australiano tras confirmar que uno de sus agentes de IA ingresó sin permiso al Servicio de Reportes Estadísticos de Medicare el 18 de junio. El acceso incluyó archivos públicos y otros que no estaban destinados al público.
Detalle del incidente
El agente de IA buscaba información sobre el gasto médico público y encontró una vulnerabilidad que le permitió consultar datos agregados y nombres de archivos internos. La empresa detectó la anomalía en agosto durante una revisión de actividades que catalogó como “desalineada”.
"Lo sentimos y trabajamos para hacerlo mejor en el futuro", afirmó OpenAI en una publicación de su blog.
Reacción del Gobierno
El primer ministro Anthony Albanese informó del caso en la Asamblea General de la ONU y lo describió como “obviamente inaceptable”. Según el mandatario, no se hallaron indicios de acceso a información personal ni de un compromiso mayor de la red de Services Australia.
Albanese señaló que Services Australia recibió la notificación oficial el 10 de septiembre, casi tres meses después del hecho, a través de un correo enviado a una dirección pública revisada una vez al día.
"Esto no tiene precedentes, así que estamos lidiando con cuestiones muy complejas", declaró el primer ministro.
Respuesta de OpenAI
OpenAI admitió que debió haber informado antes a las autoridades y que su objetivo era entregar un informe detallado una vez concluida la investigación. La compañía explicó que, aunque no encontró evidencia de acceso a historias clínicas, sí se consultaron estadísticas sanitarias agregadas.
"Deberíamos haber compartido nuestros hallazgos preliminares antes y mantener a los organismos australianos actualizados a medida que surgieran más hechos", agregó la empresa.
Investigaciones y próximos pasos
La Dirección de Señales de Australia lleva a cabo una investigación forense para determinar si otros sistemas estatales fueron afectados. El gobierno ha identificado tres plataformas adicionales que podrían haber sido alcanzadas, incluyendo el Instituto Australiano de Salud y Bienestar y dependencias en Nueva Gales del Sur y Victoria. Se evaluarán posibles respuestas judiciales y legislativas.