En el sur de la provincia de Corrientes, la actividad delictiva en el sector agropecuario ha dejado de ser un robo puntual para transformarse en una estructura organizada, según informó la ganadera y dirigente rural María Marta Batalla. La autoridad señaló que más de 400 ha de terrenos ganaderos se encuentran desocupados porque los propietarios abandonan sus establecimientos ante la persistencia de los asaltos.

Expansión del delito

Batalla describió a los grupos delictivos como organizaciones que disponen de infraestructura, equipamiento y tecnología para ejecutar robos a gran escala. "Se trata de bandas que cuentan con equipamiento y tecnología", afirmó la dirigente, que también participa en la comisión de Seguridad Rural de la Sociedad Rural de Paso de los Libres.

Los incidentes se concentran en zonas fronterizas con Brasil y Paraguay, aunque la violencia también se ha intensificado dentro de la propia provincia. En enero se reportó un caso en La Cruz donde se estimó la sustracción de entre 250 y 300 cabezas. Según la propia Batalla, “se registran semanalmente episodios con decenas de animales desaparecidos”. En una ocasión se contabilizaron más de 20 animales sacrificados en una sola noche, y recientemente unas 40 cabezas fueron halladas a varios kilómetros del predio, con marcas alteradas.

"Los productores han dejado, abandonado literalmente los establecimientos por el flagelo del abigeato", señaló Batalla.

Falta de recursos y respuesta judicial

La autoridad reconoció el trabajo de la Policía Rural de Corrientes (PRIAR), pero advirtió que sus efectivos operan con recursos limitados. En una intervención, los agentes tuvieron que solicitar acceso a la red Wi‑Fi de una finca porque no contaban con señal de celular para comunicarse con el juzgado.

En el marco legal, la Ley provincial 5691 prevé la creación de 11 fiscalías rurales, pero solo 5 están activas. La fiscalía correspondiente a la circunscripción de Paso de los Libres y al departamento de General San Martín se encuentra en concurso. Batalla cuestionó la postura de la justicia, citando el caso de las 40 cabezas recuperadas: “el fiscal de Mercedes solicitó prisión, pero un juzgado de revisión concedió prisión domiciliaria”.

"Sentimos que la justicia es muy laxa y flexible para el que delinque", manifestó.

Los productores mantienen encuentros periódicos con las autoridades y proponen medidas como la instalación de cámaras de vigilancia en puntos críticos. Sin embargo, la dirigente consideró que las respuestas llegan de forma insuficiente y que la falta de una fiscalía especializada agrava la situación.

Próximos pasos

Ante la escalada de la violencia, los representantes del sector agropecuario siguen presionando para que se asignen más efectivos policiales y se habiliten las fiscalías rurales previstas por la normativa. Mientras tanto, la comunidad rural continúa enfrentando la incertidumbre de perder tierras y ganado a manos de organizaciones criminales.