El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 527, que autoriza financiar gastos permanentes de salud, educación y justicia con ingresos no permanentes durante 2027. La firma se concretó el 29 de octubre en Guayaquil, mientras el Gobierno ultimaba la proforma del Presupuesto General del Estado del próximo año.

La disposición se apoya en una excepción prevista en la Constitución ecuatoriana y ordena al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo incorporar la autorización en la formulación presupuestaria de 2027, según informes técnicos que respaldan la medida.

Qué permite y qué no

El decreto habilita el uso de recursos de naturaleza no recurrente para cubrir obligaciones que el Estado afronta de forma continua, como remuneraciones y otros gastos de funcionamiento de los servicios públicos. No obstante, la autorización no implica un aumento automático del presupuesto para los sectores alcanzados ni fija montos de financiamiento.

El sustento legal es el artículo 286 de la Constitución, que establece como regla general que los egresos permanentes se cubran con ingresos permanentes. Esa misma norma reconoce el carácter prioritario de salud, educación y justicia y admite, de manera excepcional, que se financien con recursos no permanentes.

En las cuentas públicas ecuatorianas, los ingresos permanentes provienen sobre todo de la recaudación tributaria, mientras que los no permanentes incluyen ciertas rentas petroleras y otros recursos extraordinarios. El endeudamiento, en tanto, es una fuente distinta, que genera obligaciones futuras.

Control y antecedente reciente

El decreto dispone que la aplicación de la excepción se verifique mediante reportes consolidados de la proforma y de la liquidación presupuestaria. También faculta al ministerio a cargo de las finanzas públicas a dictar las disposiciones técnicas necesarias para documentar el cumplimiento.

La medida tiene un antecedente directo: el 30 de octubre de 2025, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 199, con el que habilitó la misma excepción para el ejercicio fiscal 2026. Así, el Ejecutivo recurrió a este mecanismo constitucional en dos años presupuestarios consecutivos.

Las cuentas que explican la decisión

El análisis de la proforma de 2026 realizado por el Banco Central del Ecuador detectó una brecha de USD 1.802 millones entre ingresos y gastos de carácter permanente. Para ese ejercicio se proyectaban ingresos permanentes por USD 21.680 millones y egresos de igual naturaleza por USD 23.482 millones.

El organismo monetario señaló que esa diferencia obligaba a buscar fuentes adicionales para cubrir parte de las obligaciones recurrentes del Estado. También advirtió que financiar gastos operativos con deuda puede elevar las obligaciones futuras por intereses y complicar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

La proforma de 2026 preveía además un déficit global de USD 5.414 millones, siempre según el análisis del Banco Central. Se trata de previsiones presupuestarias de ese ejercicio, no de resultados definitivos de su ejecución.

La nueva autorización llega en un contexto de presión sobre las cuentas públicas ecuatorianas y de compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit.