La Asamblea Nacional de Nicaragua prevé aprobar en septiembre una reforma parcial a la Constitución para excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados y considerados 'traidores a la patria'. Según Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, el proceso de reforma será consultado previamente con todos los sectores sociales antes de su votación en los primeros días de septiembre.

El Parlamento, de mayoría sandinista, ya inició el proceso de consultas con distintos sectores e instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. La reforma constitucional propuesta busca impedir la participación electoral de quienes fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense y calificados oficialmente como 'traidores a la patria'.

Rechazo internacional

La declaración de Ortega durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, donde afirmó que en el país 'no volverá a haber elecciones', fue interpretada como una amenaza al esquema democrático. El objetivo es evitar que la oposición intente acceder al poder a través de comicios.

Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, expresaron preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega y la iniciativa de reforma.

Contexto de la reforma

Desde 2007, Ortega se ha mantenido en el poder en medio de acusaciones de fraude electoral y persecución política. La actual propuesta legislativa también contempla declarar 'inaplicable' el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial, lo que consolidaría el poder del mandatario y su círculo cercano.

La dictadura de Ortega sostiene que las reformas buscan defender la soberanía y estabilidad del país. La oposición y la comunidad internacional consideran que estas medidas suponen un cierre definitivo del espacio democrático y un intento de perpetuación en el poder.

El endurecimiento de la política interna ha incluido la desnacionalización y el exilio forzado de líderes opositores y activistas en los últimos años. Diversas organizaciones internacionales han documentado estos procesos, señalando violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos en Nicaragua.

La Asamblea Nacional continuará las consultas durante el mes de agosto antes de someter la reforma a votación en septiembre.