Irán ejecutó a Abolfazl Sepahi Badjani, de 23 años, y a Amirhossein Safari Hosseinabadi, de 28, por su participación en las protestas antigubernamentales de enero. Ambos fueron ahorcados en público en el distrito de Malekshahr, en Isfahán.
Las autoridades judiciales los acusaron de haber participado en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas del 8 de enero en la plaza Alikhani. Según la agencia judicial Mizan, ambos formaban parte de un grupo de doce hombres sentenciados a muerte en un único juicio, celebrado a puerta cerrada, por el llamado caso de la plaza Alikhani.
Contexto de las ejecuciones
Con estas dos ejecuciones, la cifra total de condenados ajusticiados en esa causa asciende a cuatro. Los otros dos, Erfan Esfandiari y Gol Mohammad Mohammadi, habían sido ejecutados el 19 de julio. Diez de los doce condenados originales permanecen en riesgo inminente de ejecución, según expertos de Naciones Unidas.
Reacciones internacionales
Horas antes de las ejecuciones, un grupo de relatores de la ONU liderado por Mai Sato, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, había pedido a las autoridades iraníes que suspendieran las condenas pendientes. Los expertos señalaron que los doce acusados fueron sentenciados a muerte en una sola vista judicial, sin que quedara establecida la responsabilidad individual de cada uno, en lo que calificaron de violación de las garantías mínimas de un juicio justo.
Antecedentes
Las protestas de enero estallaron el 8 de enero en Isfahán y se extendieron con rapidez a otras ciudades del país, en medio de un colapso del valor de la moneda nacional que agravó una crisis económica ya prolongada. Según cifras oficiales, 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, que las fuerzas de seguridad reprimieron en la que se considera la mayor campaña represiva de la historia de la República Islámica.
La oficina de derechos humanos de la ONU cifra en al menos 24 las personas ejecutadas este año en relación directa con las protestas de enero. La misión permanente de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra no respondió a las solicitudes de comentario. Teherán ha negado en el pasado las acusaciones de abusos contra los presos condenados por delitos relacionados con las protestas.
Con diez condenados aún a la espera de su suerte en el caso, la situación de los derechos humanos en Irán sigue siendo crítica. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en el país.