La discusión por la nueva ley de biocombustibles desembarcó en la Cámara de Diputados con dos posiciones enfrentadas dentro del propio sector. Las pymes elaboradoras pidieron modificar el proyecto y llevar el corte obligatorio de biodiésel al 12% o 12,5%, mientras que la industria aceitera defendió el texto que ya obtuvo media sanción en el Senado. La reunión informativa se realizó ante la posibilidad de que el dictamen se firme la próxima semana.

El Senado aprobó la iniciativa con 41 votos a favor y 25 en contra. El proyecto prevé que, doce meses después de la sanción, la mezcla de biodiésel en el gasoil suba del 7,5% al 10%, y la de bioetanol en las naftas pase del 12% al 15%. La disputa se concentra en cómo se reparte ese mercado durante la transición y en el lugar que tendrán las empresas que no están integradas a la industria aceitera.

Dos visiones sobre el mismo acuerdo

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), sostuvo que la media sanción contempla resguardos para las firmas que hoy abastecen el mercado interno. "La media sanción contiene la protección de las empresas no integradas y pymes que negociaron los senadores. Y les otorgan facilidades y plazos de 10 años para invertir y crecer", afirmó. Además, pidió acelerar el tratamiento: "Es clave sacar la ley ahora en Diputados, si no vamos a perder el tren del mundo que hoy apuesta a biocombustibles competitivos".

Idígoras presentó la reforma como una política agroindustrial que va más allá de las plantas elaboradoras. La vinculó con las cadenas del maíz y la soja, con el empleo y con la posibilidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. También admitió que el resultado del Senado no conformó del todo a los distintos actores, incluida la industria aceitera, pero lo calificó como el mejor acuerdo posible tras las negociaciones entre legisladores, provincias y empresas.

La objeción de las pymes

Federico Martelli, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), rechazó que exista consenso en el biodiésel. Según dijo, las firmas que representa —radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis— producen cerca del 65% del producto que se usa en el corte obligatorio y no acompañan la media sanción.

Martelli advirtió que el esquema pone en riesgo la continuidad de plantas construidas bajo las reglas actuales. El abastecimiento interno, explicó, involucra unas 900.000 toneladas anuales, producidas por 25 pymes de cinco provincias, con 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos. "Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras", afirmó.

Su planteo apunta a que empresas de distinta escala y con diferente acceso a la materia prima competirían por una porción creciente del mercado. Con el corte en 10%, las no integradas tendrían reservados inicialmente 6,5 puntos porcentuales. Ese segmento bajaría a 5,5 puntos en 2029, a cinco en 2030 y a cuatro desde 2031 hasta el final de la transición, previsto para enero de 2036. El resto quedaría abierto a integradas y no integradas.

Como alternativa, Cepreb propuso elevar la mezcla de biodiésel al 12% o 12,5%, y argumentó que existen antecedentes de proyectos legislativos con cortes superiores. La próxima semana será clave para saber si Diputados firma el dictamen y mantiene el texto del Senado o incorpora cambios.