La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay busca cobrar USD 13 millones por concepto de retención de tributos a las rentas de las personas físicas, más multas y recargos, sobre los rendimientos obtenidos por los inversores de Conexión Ganadera. La empresa fue descubierta como un esquema Ponzi que captaba dinero de inversores con promesas de rentas fijas de al menos 7% anual.

La Justicia uruguaya había desestimado el reclamo de la DGI, pero el organismo recurrirá esta decisión. El fondo pecuario Conexión Ganadera tiene un pasivo de USD 387 millones y un activo de USD 115 millones.

El caso Conexión Ganadera

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores para comprar ganado y, a cambio, pagaba una renta fija. Sin embargo, en realidad, la empresa funcionaba como un esquema Ponzi, donde las ganancias de los primeros inversores se financiaban con los aportes de los que ingresaban después.

La investigación penal

El caso ha tenido tres imputados, los socios directores de la empresa, y hay un proceso en curso en la justicia concursal para la liquidación de la empresa. La DGI busca cobrar parte del dinero invertido y los inversores también esperan recuperar parte de su dinero.

La Justicia había desestimado darle cabida a la pretensión de cobro de la DGI, pero el fisco uruguayo recurrirá esta decisión. Los servicios jurídicos de la DGI están trabajando en el recurso, que debe ser presentado antes del viernes 31.

Antecedentes

Los dueños de Conexión Ganadera eran Pablo Carrasco y Gustavo Basso, dos personas conocidas en Uruguay. Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, fueron a la cárcel de forma preventiva al ser imputados por estafa y lavado de activos. La esposa de Basso, Daniela Cabral, también fue imputada por estafa y cumple prisión domiciliaria en un lujoso apartamento en Punta del Este.

El fiscal Enrique Rodríguez había señalado que la deuda de Conexión Ganadera hace que sean "prácticamente impagables" los créditos que los inversores tienen a su favor.