El 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia confirmó, en una decisión de urgencia, la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que prohíbe la venta de tierras a compradores extranjeros. Con la medida, se mantuvieron los límites que el Ejecutivo había intentado eliminar.

La Corte y la restricción de tierras

La sentencia se produjo tras la solicitud del centro de ex combatientes de Malvinas, quien cuestionó la legitimidad del decreto. La Corte rechazó el pedido y, en un comunicado, indicó que no se pronunciaría sobre la constitucionalidad del texto. > "No nos pronunciaremos sobre la constitucionalidad del decreto", se leyó en el comunicado.

El fallo generó una serie de reacciones en el ámbito jurídico, señalando que la Corte aplicó un criterio restrictivo al concepto de legitimidad.

El Gobierno ajusta su posición

Ante la decisión, el Poder Ejecutivo abandonó su postura inicial y anunció la apertura a una negociación que busca mantener las restricciones. El presidente y su equipo buscaron equilibrar la presión de sus aliados con la necesidad de responder al avance de la oposición.

Debate en la Cámara de Diputados

En la Cámara baja, la noticia desencadenó una nueva ronda de convocatorias a sesiones. Diputados de distintos bloques exigieron que se mantengan las limitaciones, mientras que sectores opositores celebraron la victoria judicial como una victoria del control de la soberanía sobre la propiedad.

Contexto y próximos pasos

El tema vuelve a cobrar fuerza tres años después de la firma del DNU 70/2023, en medio de un clima social que muestra descontento económico en amplios sectores. El Congreso deberá decidir próximamente si aprueba una reforma que elimine o mantenga las restricciones actuales.