El miércoles 13 de junio de 2026, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, confirmó la vigencia de la decisión que permitió la promulgación parcial de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a la apelación interpuesta por el gobierno de Javier Milei, y remitió el recurso a la Cámara de Apelaciones de la misma jurisdicción.
Contexto de la normativa
La ley, aprobada por dos tercios del Congreso en octubre 2025, establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario según la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes, y destinar fondos a becas e investigación. El Poder Ejecutivo argumentó que la norma no especificaba cómo financiar esos nuevos gastos, por lo que, mediante el DNU 759/2025, suspendió los aumentos hasta que se definan los recursos.
"Hasta que no se definan los recursos, no se otorgarán los aumentos", señaló el gobierno.
Repercusiones políticas y sociales
A menos de una semana de la marcha federal convocada por el sector universitario, la medida judicial se produce tras la ocupación pacífica del Palacio Pizzurno el miércoles anterior. La decisión mantiene en pie la parte de la ley que ya había sido promulgada, mientras continúa la disputa judicial sobre los fondos destinados a las universidades públicas.
El caso sigue abierto: la Cámara de Apelaciones deberá resolver si el DNU vuelve a su estado original o si se mantiene la suspensión de los incrementos presupuestarios.
Próximos pasos
Se espera que la Cámara de Apelaciones emita su fallo en las próximas semanas, coincidiendo con la movilización nacional de estudiantes y docentes que demandan la aplicación completa de la normativa.
