Este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se congregarán en Luxemburgo para aprobar un nuevo conjunto de sanciones que apunta a aproximadamente 1.600 personas y organizaciones relacionadas con el complejo militar‑industrial ruso.

Expansión del régimen sancionador

El proyecto se sumará a las medidas vigentes, que ya afectan a unas 3.000 personas y entidades vinculadas al Kremlin y a la invasión de Ucrania. Además, se prevé la incorporación de 77 designaciones vinculadas a las elecciones de la Duma en territorios ocupados.

"Es un paquete 'grande y hermoso'," comentó una fuente diplomática europea, aludiendo a la expresión popularizada por el expresidente estadounidense.

Respuesta a la amenaza híbrida

Los debates estarán marcados por recientes incidentes de seguridad en varios estados miembros, incluido el ataque en el aeropuerto de Leipzig. Los ministros evaluarán respuestas frente a actos de sabotaje, campañas de desinformación y otras actividades que atribuyen al Kremlin.

Se discutirá también un posible endurecimiento de las normas de entrada y circulación en el espacio Schengen para ciudadanos rusos, abarcando turistas, diplomáticos y excombatientes que participaron en la guerra.

Seguridad marítima y la operación ASPIDES

En paralelo, la agenda abordará la creciente inestabilidad en el Mar Rojo y los estrechos de Ormuz y Bab el‑Mandeb, donde los hutíes han intensificado ataques contra infraestructuras civiles y rutas comerciales.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, solicitó mayor aporte militar para reforzar la misión naval ASPIDES, encargada de proteger el tránsito mercante.

"Necesitamos ampliar la capacidad de respuesta de ASPIDES ante misiles y drones," afirmó Kallas.

Los países miembros están considerando la incorporación de fragatas equipadas con sistemas de defensa aérea capaces de interceptar amenazas aéreas, aunque aún no se ha definido una cifra definitiva.

Próximos pasos

La UE también explorará la utilización de activos rusos inmovilizados para financiar la ayuda a Kiev, tema que genera diferencias entre los Estados miembros, particularmente en Bélgica, donde se concentra la mayor parte de esos fondos.

Al concluir la reunión, se espera anunciar un compromiso internacional para defender la libertad de navegación, bajo el principio de que el tránsito marítimo no debe estar sujeto a tasas ni peajes.