El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió a la delegación opositora que negocia con el chavismo que impulse la derogación de la Ley contra el Odio y de otras normas que, según la organización, limitan derechos fundamentales en Venezuela. El planteo se hizo en un encuentro realizado el jueves y la ONG lo difundió después a través de su cuenta de X.

El CLIPP también reclamó la eliminación de la Ley de Fiscalización de las ONG, sancionada en 2024, y reiteró su exigencia de liberar a los presos políticos. Según el registro de Foro Penal, en el país permanecen detenidas 322 personas por razones políticas.

Qué cuestiona la organización

Para el CLIPP, estas normas "han sido utilizadas para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía y existencia de las organizaciones de la sociedad civil". La referencia a la ley de 2024 apunta a un mecanismo que distintas entidades señalan como un obstáculo a la libre asociación.

El pedido llega en medio de un debate que ya avanza en el Parlamento, donde se discute una reforma parcial de la Ley contra el Odio. La iniciativa tomó impulso en septiembre, cuando la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, admitió que las autoridades habían hecho un uso abusivo de la norma. Se trata de una crítica que sectores civiles y opositores venían sosteniendo desde hacía tiempo.

Datos de Foro Penal difundidos ese mismo mes indicaron que 927 personas fueron acusadas de "incitación al odio" desde que la ley entró en vigencia.

El aval del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respaldó este viernes el proyecto de reforma parcial y habilitó su tratamiento en la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional afirmó en un comunicado que el texto tiene "conformidad constitucional" y que corresponde seguir con el proceso legislativo para su discusión y aprobación.

Rodríguez había llevado la solicitud al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y ubicó la propuesta entre "las medidas adoptadas por el Gobierno para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro y la convivencia democrática". Según la funcionaria, el paso apunta a consolidar "una nueva etapa de convivencia ciudadana".

Por su parte, la delegación opositora informó que mantuvo reuniones con representantes de organismos no gubernamentales para revisar las garantías civiles y políticas de cara a la renovación institucional del país.

Origen de la norma

La ley fue sancionada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo instalado en paralelo al Parlamento, en pleno ciclo de protestas masivas contra el Gobierno. Surgió de un pedido explícito del ex dictador Nicolás Maduro, que buscaba frenar los mensajes de odio que, según el oficialismo, habían impulsado las manifestaciones registradas entre abril y agosto de ese año.

La normativa establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en los denominados "delitos de odio" y acumula objeciones de defensores de derechos humanos. En 2023, Espacio Público denunció que se la aplicaba como mecanismo "para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder".

Rodríguez llegó al cargo tras la operación militar que Estados Unidos desplegó a comienzos de año contra Venezuela, que dejó más de cien muertos y terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.