En agosto de 2024 el gobierno federal tomó el control de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera). Ahora, el juez federal Sebastián Casanello dispone la procesación de los exinterventores Virginia Montero y Marcelo Petroni, junto al empresario Sergio Aguirre, bajo la acusación de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.
El contrato cuestionado
Según el fiscal Guillermo Marijuán, la investigación se centra en un acuerdo firmado entre Osprera y la empresa de seguridad informática Htech, valorado en 266 millones de pesos. Htech fue constituida pocos meses antes del contrato, sin empleados ni actividad registrada, y sus primeras facturas correspondieron a la propia obra social.
"Se trata de negociaciones incompatibles con la función pública", afirmó el fiscal Marijuán.
Reacciones de los involucrados
La exinterventora Montero sostuvo que la contratación era necesaria para modernizar los sistemas de la obra social. Aguirre negó haber tenido conocimiento previo de la operación, mientras que Petroni, quien sustituyó a Montero, se desligó del compromiso alegando que sólo lo mantuvo hasta que se iniciaron auditorías internas obligadas por la polémica.
Medidas judiciales y próximos pasos
El juez Casanello también ordenó el procesamiento de María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre y presidenta de Htech al momento del acuerdo, y decretó embargos de 1 463 millones de pesos para cada uno de los acusados. Desde marzo, la gestión de Osprera está a cargo de César Lococco, enviado del gobierno que continúa la tarea de sanear la entidad. La investigación sigue abierta y la Cámara Federal ha indicado que se profundizará la búsqueda de pruebas antes de cualquier decisión final.
