La Policía Nacional, a través de la Dirección de Área Policía Cibernética, arrestó a tres hombres y dio a conocer a un cuarto investigado en cuatro causas distintas por presuntos delitos tecnológicos en distintas provincias dominicanas. Los casos incluyen estafas por WhatsApp, transferencias bancarias irregulares y una violación a la Ley 53-07 de Alta Tecnología.

Operativos en Higüey y Santiago

En Higüey, La Altagracia, Luis Ángel Susana Montero fue detenido por el Departamento de Prófugos de la Dirección Central de Investigación, con apoyo de la Policía Cibernética. La acusación se basa en una supuesta estafa electrónica mediante WhatsApp que habría generado depósitos por RD$269,600 (≈ USD 4,403). En Santiago de los Caballeros, Joan Manuel Uribe fue capturado por su presunta participación en siete transferencias ilícitas que totalizaron RD$185,940 (≈ USD 3,034).

Otro investigado y la captura de "Tony"

Un ciudadano, aún sin nombre público, está bajo investigación por una transferencia no autorizada de RD$28,000 (≈ USD 457). Tras confirmarse una orden de arresto, fue entregado a su tía y citado para comparecer el 14 de octubre ante la Dirección de Área Policía Cibernética. Por otro lado, Fernando José Rodríguez Tejada, alias “Tony”, fue puesto bajo custodia mediante autorización judicial por presunta infracción al artículo 15 de la Ley 53-07, que tipifica estafas realizadas con tecnología.

Antecedentes de la unidad cibernética

Los últimos meses mostraron una serie de operativos contra delitos digitales. En junio de 2026, la unidad arrestó a tres personas vinculadas a estafas por redes sociales y aplicaciones de mensajería. En mayo, seis individuos fueron detenidos por fraude electrónico y phishing en las regiones Este y Norte, con operaciones que superaron los RD$800,000 (≈ USD 13,065). Ese mismo mes, Jefrey Leonardo Cepeda Núñez fue señalado como posible cabecilla de una red que habría causado pérdidas de RD$305 millones (≈ USD 4,981,218) a una entidad bancaria.

La normativa aplicable incluye el Código Penal Dominicano y la Ley 53-07, que sanciona conductas como la estafa tecnológica y el acceso no autorizado a sistemas informáticos.