El Gobierno nacional optó por la cautela frente al pedido de Estados Unidos de disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, el ámbito donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. La Cancillería no emitió comentarios públicos sobre la solicitud, que Washington fundamentó en que ese foro "dejó de cumplir su propósito original".

El único pronunciamiento oficial llegó en la conferencia de prensa semanal en Casa Rosada. El portavoz Adrián Ravier señaló que la postura norteamericana "está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final" y anticipó que "seguramente" el canciller Pablo Quirno, de gira por España junto al presidente Javier Milei, se referirá al tema. La consulta incomodó al vocero, que no pudo detallar qué aspectos concretos se están evaluando.

Una embestida contra la ONU

El pedido estadounidense se inscribe en la escasa estima que Donald Trump mantiene hacia las Naciones Unidas, un sentimiento que el propio Milei comparte. Una fuente diplomática cercana al Gobierno lo describió como parte de una propuesta para "racionalizar la ONU, algo similar a la motosierra".

Esa misma fuente minimizó un eventual conflicto: "Por supuesto que, como todo país con controversias de ese tipo, apoyamos la continuidad del comité. Pero no sería un daño para la Argentina, el reclamo se puede presentar, como se hacía en los años noventa, ante la Asamblea General de la ONU".

El Comité de Descolonización no integra a Estados Unidos ni al Reino Unido, que concentra 10 de los 17 territorios no autónomos en disputa, entre ellos Malvinas. En su última reunión, en junio pasado, Quirno había endurecido el tono contra Londres al acusarlo de "desconocer la realidad histórica" y sostener que "el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente".

El otro frente: la ley de soberanía

Más allá del foro de la ONU, el freno al tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo y vinculada a la causa Malvinas, expone otra diferencia con Washington. Empresas norteamericanas habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la "laxitud" del Título I del proyecto.

Esa norma no solo prevé sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), que desarrollan el proyecto Sea Lion en aguas circundantes a las islas, sino también para empresas asociadas a ellas en otros emprendimientos. La secretaría de Malvinas, a cargo de Paola di Chiaro, sería la autoridad de aplicación.

"A la industria le preocupaba este abordaje tan amplio que tiene la ley, y que impacte sobre la actividad", comentó una fuente del sector petrolero. Las objeciones no se limitaron a las compañías: según el material, también hubo reparos de otro tipo que trabaron el avance del proyecto en comisión.

El episodio se suma a un historial de señales cruzadas. Tras el partido con Inglaterra en el mundial, en un contexto de resurgimiento del sentimiento nacionalista, Trump había advertido que "podría revisar" su postura sobre la soberanía de Malvinas. Semanas después se reunió con el primer ministro británico Andy Burnham y la amenaza se disipó.