En la sede de la UOCRA, a fines de septiembre, la CGT sostuvo tres encuentros reservados con el ministro de Salud Mario Lugones sin obtener respuestas a sus propuestas para estabilizar el sistema de obras sociales.

Reclamos a la autoridad

Los dirigentes sindicales exigen una solución inmediata. El líder del Sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, pidió que el ministro tome el control del fondo, diciendo: > "Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social".

Impacto del Fondo Solidario de Redistribución

Según fuentes de la CGT, alrededor del 90 % del dinero del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) se destina ahora a prestaciones por discapacidad, cuyo costo supera el millón de pesos por afiliado y alcanza los 160 mil millones mensuales.

Cifras que alarman

El peso de estas prestaciones ha crecido de forma constante: en 2017 representaban el 22 % del fondo, en 2019 el 50 %, y hoy se acercan al 90 %. Además, la CGT señala que 11 millones de beneficiarios –equivalentes al 78,5 % del padrón– no generan recursos suficientes para cubrir el Programa Médico Obligatorio.

Perspectiva de los expertos

El exsuperintendente de Salud, Luis Scervino, describió la situación como una "olla a presión" y advirtió que la caída del poder adquisitivo y el aumento exponencial del gasto médico obligan a las obras sociales a asumir costos que no pueden financiar.

El escenario recuerda a la crisis de los años noventa, cuando la falta de recursos llevó a la fusión de varias obras sociales. La CGT vuelve a solicitar que los ministerios de Transporte y Educación asuman los gastos vinculados a la discapacidad y los canalicen al FSR, una medida que hasta ahora no ha sido aceptada.

Se espera que la presión sindical continúe mientras el gobierno evalúa posibles ajustes presupuestarios y mecanismos de financiación.