La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se mostró firme en su postura sobre el Poder Judicial y la institucionalidad del país. En una reciente declaración, Fernández aseguró que no se retractaría de sus palabras y que su deber como presidenta es proteger la división de poderes y la institucionalidad costarricense.
Contexto político
La presidenta hizo estas declaraciones en respuesta a las críticas recibidas por sus afirmaciones sobre un 'golpe de Estado institucional' contra la Asamblea Legislativa. Fernández argumentó que su postura se basa en la defensa de la institucionalidad y la división de poderes, y no en una suposición o especulación.
'No hay datos concretos que respalden la idea de que mis declaraciones han afectado la economía', afirmó Fernández.
La economía en el centro del debate
La presidenta también habló sobre la situación económica del país y aseguró que los indicadores económicos muestran un escenario favorable. Fernández destacó el crecimiento de las inversiones, el empleo, el turismo y las exportaciones, y aseguró que la economía del país está en buen camino.
La crítica al Poder Judicial
La presidenta también dirigió su crítica hacia la decisión de cuatro magistrados de la Sala Constitucional, a quienes cuestionó por una resolución que, según su interpretación, habría excedido las competencias establecidas por la Constitución y las leyes. Fernández argumentó que esta decisión es un ejemplo de un 'golpe de Estado institucional' contra la Asamblea Legislativa.
La presidenta defendió su postura y aseguró que su Gobierno tiene un mandato electoral que debe ser respetado. Fernández también destacó la importancia de la legitimidad electoral y la participación ciudadana en la política del país.
Próximos pasos
La situación política en Costa Rica sigue siendo tensa, y la postura de la presidenta Fernández ha generado un debate nacional sobre la institucionalidad y la división de poderes. Es probable que la situación siga evolucionando en los próximos días y semanas.
