El Gobierno se prepara para las elecciones del 2027 con el objetivo de que el presidente Javier Milei consiga otros cuatro años de mandato y agrandar el bloque en el Congreso con dirigentes leales.

La reaparición de Cristina Kirchner en la escena política sorprendió al oficialismo, que no esperaba definiciones tan contundentes por parte de la ex jefa de Estado. Desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por corrupción, Cristina Kirchner defendió su inocencia y cuestionó la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, en el Gobierno desconfían de que Cristina Kirchner efectivamente vaya a competir contra Milei en el 2027 y consideran que se trata solo de una estrategia que no va a tener éxito. La condena conlleva que no pueda presentarse y no ven ninguna forma de que algo así ocurra.

La reacción de La Libertad Avanza

En el interior de La Libertad Avanza sí hubo quienes celebraron una eventual candidatura de la ex presidenta, al considerar que terminaría beneficiando a Milei. No obstante, en el Conurbano bonaerense, que es una de las zonas donde la ex jefa de Estado tiene más apoyo, minimizaban el impacto que podría tener su cara en una boleta del peronismo.

Críticas hacia Brasil

La aparición de Cristina Kirchner también generó que se retomaran las críticas hacia Brasil, principalmente porque uno de los abogados que se sumó a su defensa es Rafael Valim, quien también representó al actual mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva cuando fue juzgado y condenado por corrupción en su país. En el seno libertario creen que esto es una muestra más de la “injerencia del socialismo“ en las cuestiones internas.

El presidente brasileño “no es solo un socialista, es el fundador del Foro de San Pablo junto a Néstor Kirchner”. Cristina fue la heredera de todo eso. Querían hacer la Unión Soviética en Latinoamérica. Ahora están dando manotazos de ahogado porque perdieron la región.

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del país a los extranjeros que participen en campañas de desestabilización o financien grupos violentos.