La Fiscalía de Costa Rica cerró la pesquisa para determinar quién ordenó el asesinato de Roberto Samcam, militar retirado y opositor nicaragüense con ciudadanía española, ocurrido el 19 de junio de 2025 en su domicilio de San José. La resolución se emitió el 5 de octubre y se notificó a la familia el 6 de octubre.

Archivo de la línea intelectual

El archivo afecta solo la investigación sobre los presuntos autores intelectuales y no implica el fin definitivo del caso. La autoridad indicó que la causa podrá reabrirse si aparecen nuevos indicios que permitan identificar al ordenante o a posibles financiadores del crimen.

Proceso contra los ejecutores

La medida no altera el expediente penal contra los cuatro sospechosos acusados de ejecutar el ataque. En junio de 2026 la Fiscalía formalizó la acusación contra ellos, incluyendo a un joven señalado como responsable de los disparos y a otros que habrían colaborado en la planificación.

"Definitivamente creo que Costa Rica tiene que agotar todas las instancias de investigación posible", afirmó Claudia Vargas, viuda de la víctima, en entrevista con EFE.
"Hay detrás una mano negra y una organización criminal con tentáculos en Costa Rica, pero que parte de Nicaragua", declaró Almudena Bernabéu, abogada de la familia y directora del bufete Guernica 37.
"La fiscalía no puede solamente decir ‘vamos a acusar a esta persona por haber disparado a esta otra’ sin una teoría que explique la motivación", señaló Yader Valdivia, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Perspectivas de la familia

Vargas pidió que, si las autoridades locales consideran limitados sus recursos, soliciten cooperación internacional para avanzar en la pesquisa. La familia insiste en que el caso trasciende a los ejecutores y afecta a la comunidad de opositores nicaragüenses en el exilio.

El archivo queda limitado a la línea intelectual; la causa contra los acusados de la ejecución continuará mientras se esperan nuevos elementos que permitan reabrir la investigación sobre los posibles ordenantes o financiadores del homicidio.