El 28 de septiembre el gobierno de Estados Unidos informó la puesta en marcha de restricciones de visa dirigidas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que, a juicio de Washington, han participado en actos de corrupción o narcotráfico que debilitan a gobiernos democráticamente elegidos.
Alcance de la medida
La política se basa en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar la entrada a extranjeros cuya presencia pueda perjudicar gravemente la política exterior estadounidense. Además, el Departamento de Estado utilizó la disposición 7031(c) de la Ley de Asignaciones de 2026 para designar públicamente al fiscal general boliviano Roger Mariaca.
"Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente en Estados Unidos", declaró Thomas “Tommy” Pigott, vocero del Departamento de Estado.
Quiénes están incluidos
Las restricciones no son un veto general; se aplican a personas identificadas individualmente y, en varios casos, a sus familiares inmediatos. En Bolivia se reportó la mayor cantidad de casos: 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares, entre ellos fiscales, jueces, un exministro, un oficial de policía, un exfuncionario aduanero y un empresario.
Impacto en los viajeros habituales
Para quienes no aparecen en la lista, los trámites consulares continúan sin cambios. Las solicitudes de turismo, negocios, estudio, empleo o inmigración siguen el procedimiento habitual, aunque cada expediente será evaluado de forma particular.
Contexto y antecedentes
La iniciativa forma parte de los compromisos adoptados en la Cumbre de Doral y ratificados el 22 de septiembre en la declaración de la iniciativa "Escudo de las Américas". Washington explicó que el mecanismo permitirá coordinar sanciones, restricciones de viaje y otras acciones contra personas que, según su evaluación, vulneren la seguridad, el Estado de derecho y las instituciones democráticas de la región.
Próximos pasos
El programa se describió como “duradero” y será actualizado conforme surjan nuevos casos. Las personas cuya visa sea revocada o a quienes se les declare inelegibles podrán solicitar una revisión posterior ante las autoridades migratorias estadounidenses.