El viernes 15 de febrero de 2021, una cuadrilla de aproximadamente quince activistas del Sindicato de Camioneros de San Nicolás bloqueó la entrada y salida de la Distribuidora Rey, una empresa familiar fundada en 1989 en San Pedro, provincia de Buenos Aires. El operativo impidió la actividad de la compañía durante cinco días, generó pérdidas superiores a 370 millones de pesos y desencadenó una denuncia penal que hoy llega a su fase final.

El bloqueo y sus repercusiones

Los propietarios de la pyme, la familia Rey, cumplían con sus obligaciones tributarias y mantenían a 35 empleados bajo la afiliación del sindicato de Comercio. Desde 2017, habían abonado una cuota mensual al gremio de camioneros, tal como exigía el recaudador del sindicato, pero se negaron a transferir a sus trabajadores al sindicato de Camioneros, liderado por Maximiliano Cabaleyro. Esa negativa provocó la acción de fuerza que dejó a la empresa sin operaciones y con una caja de cartón que contenía 500 000 pesos y dos cheques entregados a los dirigentes como “garantía de paz social”.

El proceso judicial

La denuncia penal dio lugar a una causa inédita en la región. La jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de Cabaleyro y de Fernando Espíndola, otro dirigente del gremio, en 2022. Desde entonces, el proceso ha incluido testimonios, videos y documentos que evidencian la exigencia de pagos irregulares para levantar el bloqueo. La fiscalía solicitó que Cabaleyro reciba 10 años de prisión efectiva por dos delitos de extorsión y dos de turbación en concurso con coacción. Espíndola, por su parte, acordó un procedimiento abreviado que podría culminar en una pena máxima de 6 años.

"Es una etapa importante para nosotros y ahora esperemos que la sentencia acompañe lo sucedido", declaró Ariel Rey, hijo del fallecido propietario Ricardo Rey, a Infobae tras la séptima audiencia.

Impacto en la familia Rey

Ricardo Rey, quien falleció en 2022, no llegó a ver la detención de los responsables. Sus hijos, Ariel y Gustavo, recuerdan el momento en que, tras una inspección del Ministerio de Trabajo, el empresario, visiblemente afectado, exclamó que los camioneros intentaban “arruinar” su negocio. La familia espera que el fallo, que se anunciará este miércoles, sirva como precedente para otras empresas que enfrentan presiones sindicales.

Cierre: El veredicto, aún pendiente, marcará un hito en la lucha contra bloqueos coercitivos en la provincia y podría sentar un precedente judicial para casos similares.