El gobierno de Javier Milei culminó la enajenación de Aysa, la compañía que suministra agua a 15 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, a un grupo de empresarios que pagó 340 millones de dólares por el 90 % del capital.

Quiénes integran el consorcio

Mauricio Filiberti, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en otras utilities, adquirió 10 % de las acciones a través de la sociedad Transclor. Walter Roman posee 20 % del total. La firma brasileña Arcos Saneamento e Participações SA actúa como operador técnico con un 15 % de participación. El resto, 55 %, corresponde a un fondo offshore llamado PHX AQUA AR B.V, registrado en Países Bajos y vinculado a estructuras en Curazao.

"Son todos socios", aseguran empresarios vinculados al peronismo.

Cómo se llevó a cabo la privatización

Diego Chaer, responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), entregó el negocio al consorcio. Chaer había trabajado durante más de dos décadas para Vila y Manzano antes de incorporarse al sector público. Según declaraciones oficiales, el Estado esperaba recaudar más de 500 millones de dólares, pero la oferta final quedó en 340 millones.

El proceso incluyó un ajuste tarifario que elevó los precios al consumidor en un 900 % en promedio, bajo la premisa de financiar la puesta a punto de la compañía antes de su venta.

Reacciones institucionales y políticas

El Defensor del Pueblo adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, junto a diputados de Fuerza Patria y varios sindicatos del transporte y la energía, denunciaron irregularidades en la operación. En contraste, los dirigentes principales de la oposición guardaron silencio, lo que fue interpretado como una señal de complicidad.

Marco económico que rodea la venta

La transacción se produce en medio de una recesión que ha puesto bajo presión al ministro de Economía, Luis Caputo, y ha generado dudas sobre la capacidad del país para cumplir con los vencimientos de deuda. La reciente dolarización anticipada y la sobre‑ajuste de la economía aumentan la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo de la privatización.

El futuro de Aysa quedará a la espera de posibles revisiones judiciales y del seguimiento de la ATEP, mientras la oposición y la sociedad civil continúan monitoreando la transparencia del proceso.