Lo que comenzó como una revisión rutinaria para mejorar un reporte interno de recaudación terminó destapando uno de los mayores casos de presunta manipulación del sistema tributario panameño. Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Ingresos (DGI) revela que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.
La primera señal surgió casi por accidente. Mientras la Sección de Agentes de Retención desarrollaba un nuevo reporte para comparar las declaraciones del formulario 4331 con los pagos efectivamente recibidos por la DGI, detectó que BAC International Bank aparecía con importantes retenciones registradas en el sistema, pero sin el correspondiente respaldo de pago en efectivo.
La segunda alerta apareció cuando los auditores solicitaron oficialmente el listado completo de ajustes. El informe explica que dos movimientos nunca fueron incluidos en la documentación entregada inicialmente por el área de Cuenta Corriente, pese a que existían dentro del sistema.
Señales de alerta
La tercera señal fue el propio volumen de operaciones. La auditoría identificó 61 ajustes por un valor superior a $42.471 millones, aunque cuatro de ellos correspondían a resoluciones legítimas previamente aprobadas por la DGI.
La cuarta evidencia surgió al reconstruir la trazabilidad completa de cada trámite. Los investigadores imprimieron cada expediente, identificaron quién creó las solicitudes, quién las aprobó, qué funcionarios intervinieron, las fechas, los mensajes internos y los documentos asociados.
La quinta señal fue quizás una de las más llamativas. Muchos de los ajustes se sustentaban en transacciones realizadas hacía cinco, diez y hasta más de quince años, cuyas operaciones originales ya habían concluido exitosamente y cuyos pagos figuraban correctamente registrados.
Consecuencias
La investigación penal conocida como Operación Pandora sigue en curso. Los auditores han identificado varias inconsistencias y omisiones que llevaron a descubrir la estructura que presuntamente alteró registros fiscales.
La sexta modalidad consistía en anular declaraciones tributarias utilizando una resolución que únicamente permite hacerlo cuando fueron presentadas “sin corresponder”. Sin embargo, al revisar expedientes de compraventas de acciones, fincas y otros activos, los auditores comprobaron mediante escrituras públicas, registros oficiales e incluso información publicada por las propias empresas que las operaciones sí habían ocurrido.
La séptima señal fue la utilización de créditos provenientes de pagos no aplicados para beneficiar a otros contribuyentes. Según el informe, una vez liberadas las boletas mediante anulaciones o ajustes, esos montos eran trasladados posteriormente hacia terceros mediante solicitudes de corrección y cesión, cambiando completamente al beneficiario original del pago.
Próximos pasos
La investigación sigue en curso. Las autoridades panameñas están trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este caso de presunta manipulación del sistema tributario panameño.
