El 15 de octubre de 2026 la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (Red CPC) anunció una serie de actuaciones coordinadas contra nueve empresas del sector, obligándolas a presentar el costo en dinero real de las divisas y objetos virtuales que venden dentro de la Unión Europea.

"Los usuarios deben saber cuánto gastan en efectivo antes de confirmar una compra", señaló el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Exigencias concretas

Las normas exigen que los juegos eliminen cualquier sistema de conversión entre monedas internas que dificulte el cálculo del gasto final. Además, prohíben estructuras de compra que agrupen varios ítems y oculten el precio total. Cada artículo virtual deberá mostrarse con su precio en dinero real, sin necesidad de realizar operaciones adicionales.

Los consumidores también conservarán el derecho de desistir de la compra dentro de los 14 días posteriores, con la obligación de recibir la devolución de los importes de los objetos no utilizados. Los términos y condiciones deberán redactarse de forma clara y comprensible.

Juegos y compañías involucrados

Los títulos incluidos en la lista son Minecraft, Candy Crush Saga, Valorant, Forge of Empires, Gardenscapes, Clash of Clans, Hunt: Showdown 1896, Mech Arena, For Honor. Las empresas responsables son Mojang, King.com Operations, Riot Games, InnoGames, Crytek, Plarium Europe, PLR Worldwide Sales, Supercell y Ubisoft EMEA.

Antecedentes y próximos pasos

En 2025 la Red CPC inició un diálogo con el sector para impulsar la adopción de principios de transparencia en los pagos virtuales, pero no obtuvo resultados satisfactorios. Tras un análisis de mercado, se identificaron los juegos que requerían una supervisión más rigurosa, lo que llevó a la presente medida.

Las autoridades subrayan la necesidad de proteger a los usuarios vulnerables, especialmente a menores, evitando que se vean expuestos a gastos descontrolados. La declaración conjunta de la Red CPC establece un marco único de protección al consumidor para cualquier videojuego que opere en la UE.

Se espera que las empresas cumplan con los cambios antes de que la normativa entre en vigor, bajo la supervisión de los organismos de consumo nacionales.