El dirigente del transporte urbano de Tegucigalpa, Wilmer Cálix, pidió a las autoridades hondureñas que investiguen el destino de los L21,000 millones que, según el sector, han sido pagados al crimen organizado desde 2002.
Cálix sostuvo que esta cantidad de dinero no pudo haber circulado sin dejar rastro dentro del sistema financiero.
Investigación financiera
El representante del rubro consideró que una de las principales líneas de investigación debe enfocarse en seguir el recorrido de esos recursos.
Extorsión en Honduras
Según Wilmer Cálix, las investigaciones no deben limitarse a la captura de integrantes de estructuras criminales, sino también al análisis financiero que permita determinar cómo operan las redes de cobro y dónde terminan los recursos obtenidos mediante la extorsión.
Rastrear el dinero permitiría fortalecer las investigaciones y debilitar la capacidad económica de las organizaciones dedicadas a este delito.
Impacto en la seguridad
Wilmer Cálix también cuestionó que, mientras el Estado ha destinado aproximadamente L300,000 millones para fortalecer la seguridad pública, el sector transporte continúa siendo uno de los más afectados por las amenazas y los cobros ilegales.
La extorsión ha evolucionado hacia nuevas modalidades de cobro y mecanismos para exigir los pagos a las víctimas.
Consecuencias
Aunque el sector transporte ha sido históricamente uno de los más golpeados por este delito, las organizaciones dedicadas a la extorsión también afectan a comerciantes, pequeños empresarios y otros sectores económicos del país.
De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), alrededor de 304,000 hogares hondureños continúan siendo víctimas de este ilícito.
Próximos pasos
Ante este panorama, representantes del transporte reiteraron el llamado a fortalecer las investigaciones financieras y garantizar mayores condiciones de seguridad para quienes diariamente desarrollan actividades productivas en Honduras.
