El Senado de la Nación alcanzó hoy un acuerdo que modifica los porcentajes de corte de los combustibles de origen vegetal. El dictamen, que será enviado a la firma y remitido al recinto en los próximos siete días, establece que el bioetanol suba del 12 % al 15 % y el biodiésel del 7,5 % al 10 %.

Detalle del acuerdo

El nuevo esquema divide el 15 % de bioetanol en tres bloques: 6 % para caña de azúcar, 6 % para maíz y 3 % para libre competencia. En cuanto al biodiésel, el aumento propuesto pasa a ser del 10 % si se aprueba sin cambios.

El texto también permite que las provincias productoras incrementen su cupo, siempre que justifiquen la medida. Además, se fija un piso mínimo del 3 % para las pymes que participan solo en una etapa de la cadena productiva.

"Después de muchos años logramos avanzar en un nuevo marco regulatorio que establece elevar el corte de bioetanol de 12 % al 15 %", señaló la senadora Beatriz Ávila. La legisladora había propuesto inicialmente un 18 % y aceptó el 15 % como avance significativo.

Reacciones de los legisladores

El senador Pablo Cervi destacó que la norma favorece a provincias distintas a la suya y abre la puerta a inversiones largamente esperadas: > "Esta ley beneficiará a otras provincias y abrirá la puerta a inversiones que esperan este cambio".

Otros bloques parlamentarios, como Independencia, Movere Santa Cruz, Provincias Unidas, LLA, Primero los Salteños, Movimiento por Misiones y el PJ, presentaron sus propuestas en la sesión intermedia del 26 de agosto, donde se debatió intensamente el nivel de corte.

Impacto en la industria

Argentina cuenta con alrededor de 50 plantas de biocombustibles. De ellas, 32 producen biodiésel, concentradas mayormente en la zona del Gran Rosario y en la provincia de Buenos Aires, con algunas instalaciones en Córdoba. En el sector del bioetanol operan 18 plantas, distribuidas entre caña de azúcar (Tucumán, Jujuy y Salta) y maíz (Córdoba, San Luis y Santa Fe).

El dictamen otorga un año a los productores para ajustar sus instalaciones al nuevo rango de corte, buscando evitar interrupciones en el suministro y permitir una transición ordenada.

La normativa tendrá vigencia hasta 2037, proporcionando un horizonte de estabilidad para futuras inversiones en el sector.