La Corte Suprema de los Estados Unidos recibió, en los últimos días, una serie de escritos de 15 estados, varias ONG, académicos y figuras políticas que respaldan a los fondos demandantes en el conflicto YPF. Los escritos, presentados bajo la figura de amicus curiae, buscan que el máximo tribunal revise la decisión que eximió a Argentina de pagar US$16.100 millones. Argentina tiene hasta el 2 de diciembre para presentar su contestación formal.

Amicus curiae y presión internacional

Los escritos fueron firmados por gobiernos estatales del medio oeste, entre ellos el senador de Missouri Eric Schmitt, y por expertos de universidades como Cornell y George Washington. También aparecen en la lista organizaciones pro-mercado como Competitive Enterprise Institute, The American Free Enterprise Chamber of Commerce, The Heartland Institute y Unleash Prosperity. Según el analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors LLC, la intención de estos actores es evitar que se cree un precedente que limite la jurisdicción de los tribunales estadounidenses sobre casos internacionales.

"Los escritos buscan impedir que se establezca un precedente que pueda afectar futuros litigios de otros países", afirmó Maril.

Respuesta del Gobierno argentino

La Procuración del Tesoro de la Nación, máxima representación legal del Estado, declaró a LA NACIÓN que no especula sobre posibles apoyos externos y que la presentación de los amicus no constituye una apelación automática. Subrayó que el proceso es una fase prevista en el reglamento de la Corte y que el Departamento de Justicia de EE.UU. ya ha respaldado a Argentina en cinco oportunidades a lo largo del litigio.

"No se trata de una apelación automática, sino de una etapa rutinaria del proceso judicial", señaló la Procuración.

Posibles escenarios ante la Corte

Para que la Corte acepte revisar el caso, al menos 4 de los 9 magistrados deben votar a favor. Si la petición es rechazada, el fallo favorable a Argentina quedará definitivo. Analistas advierten que la Corte podría, en su lugar, solicitar la opinión del Solicitor General y, a través de él, la posición del Gobierno estadounidense.

En caso de que la revisión sea aceptada, el tribunal evaluará si el conflicto trasciende lo comercial y afecta intereses federales o el clima de negocios en EE.UU., lo que podría abrir la puerta a futuras demandas contra otros Estados soberanos.