La presidenta de Perú regresó de una visita oficial a El Salvador con una idea central: las políticas de seguridad que redujeron la criminalidad en ese país pueden servir de referencia, aunque no se trasladen de manera automática. La mandataria planteó el debate en una columna publicada en Infobae, donde sostuvo que la lucha contra el crimen organizado exige decisiones firmes y una adaptación cuidadosa a la realidad peruana.

El punto de partida es una diferencia de escala. El territorio peruano es más extenso y su población mayor que la salvadoreña. A eso se suman fronteras largas y realidades sociales y culturales diversas, factores que, según la mandataria, complican la presencia del Estado y el control territorial. Por eso descartó que existan soluciones únicas y remarcó la necesidad de evaluar qué medidas funcionaron y cómo aplicarlas.

La prioridad: proteger a quienes cumplen las normas

La presidenta fue explícita sobre el enfoque. Aseguró que su gobierno garantizará los derechos humanos de todos los peruanos, pero que pondrá el acento en la protección de las personas inocentes.

"Vamos a priorizar los derechos humanos de las personas inocentes, de las personas de bien", afirmó la mandataria en su columna.

En esa línea, sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos que respetan la ley y de ejercer su poder contra quienes cometen delitos. También marcó una postura sobre la negociación con las organizaciones criminales: "Con los criminales el orden no se negocia, se impone", escribió.

Cuatro ejes para adaptar la experiencia

La mandataria enumeró una serie de medidas que, a su juicio, Perú debería evaluar para recuperar los territorios dominados por organizaciones criminales y devolverle a la población el derecho a vivir sin miedo.

El primero es actualizar la legislación. Según su diagnóstico, el crimen organizado avanza más rápido que las leyes, desarrolla nuevas modalidades delictivas y usa mecanismos de la economía formal para ocultar sus actividades. Por eso reclamó un marco legal que fortalezca la capacidad de investigar, perseguir y privar de recursos a esas organizaciones.

El segundo eje es aislar a los líderes criminales. La presidenta consideró inadmisible que jefes de bandas sigan comunicándose desde las cárceles para ordenar extorsiones y crímenes. Mencionó el bloqueo de comunicaciones que su gobierno comenzó a aplicar hace algunas semanas y la necesidad de separar a los cabecillas. Además, planteó que los reos trabajen para resarcir a la sociedad y que se construyan cárceles que permitan el aislamiento necesario.

El tercer punto es la cooperación internacional. Para la mandataria, el crimen organizado es transnacional y cuenta con recursos, armamento y logística que a veces superan a los de los propios Estados. En ese marco, destacó que Perú integra el Escudo de las Américas, una alianza hemisférica para responder de manera conjunta.

El cuarto eje, que la columna deja planteado sin desarrollar en detalle, es recuperar el orden desde la base. La presidenta adelantó que el orden no se limita a la acción policial, aunque el texto no precisa cómo se implementaría esa dimensión.

El contexto de la visita

La mandataria escribió su columna durante el viaje de regreso desde El Salvador. Según su relato, la visita fue provechosa para los temas que hoy concentran la atención de su gobierno. Reconoció que ambos países tienen normas, leyes y realidades diferentes, pero comparten una visión sobre cómo enfrentar a los criminales.

El Salvador, recordó, logró en pocos años una reducción extraordinaria de la criminalidad. Ese cambio, sostuvo, debe analizarse considerando los instrumentos empleados, los costos, los desafíos institucionales y la sostenibilidad de las medidas en el tiempo. La discusión sobre cómo trasladar esa experiencia a Perú queda abierta.