El secretario de Energía de Panamá, Rodrigo Rodríguez, informó que las normas vigentes desincentivan la participación de nuevos operadores en la distribución eléctrica y que el Gobierno pretende modificarlas antes de que expiren en octubre de 2028 las concesiones de ENSA, EDEMET y EDECHI.

Limitaciones de la normativa actual

El marco regulatorio permite al titular de una concesión conservar su participación si iguala la oferta más alta recibida en el proceso competitivo. Según Rodríguez, esa condición “reduce el interés de nuevos competidores”. En la última ronda, entre 2012 y 2013, la falta de incentivos provocó la ausencia de postores externos.

Cambios propuestos en la Ley 705

El Ejecutivo presentó la Ley 705, que introduce una precalificación obligatoria para todos los aspirantes, incluidos los actuales operadores. Los candidatos deberán demostrar experiencia, capacidad técnica, financiera y operativa para presentar ofertas por contratos de quince años.

"Solo quienes superen la evaluación podrán presentar propuestas", señaló el secretario.

La iniciativa también crea un mecanismo de control de precios: si el concesionario actual propone un valor superior al justo de mercado, deberá abonar al Tesoro la diferencia respecto a la segunda mejor oferta. Este ajuste busca evitar valoraciones artificialmente altas que ahuyenten a otras empresas.

Se amplían, además, las causales de terminación anticipada, incorporando incumplimientos de indicadores de calidad, falta de inversión y abandono de proyectos de electrificación rural. La medida se aplicará cuando multas y penalizaciones superen el 25 % de los ingresos anuales del distribuidor.

En materia de generación, la propuesta eleva el límite de concentración del mercado del 25 % al 30 % del consumo nacional y extiende la restricción a proyectos solares, eólicos y térmicos, no solo a hidroeléctricos.

Reacción del sector privado

AES Panamá presentó observaciones a la iniciativa. Edgar Ivankovic, director de Asuntos Corporativos, pidió que el límite de concentración se calcule sobre la capacidad instalada de cada grupo económico, no sobre el porcentaje de consumo, argumentando que este último varía según el despacho eléctrico.

"Las plantas de bajo costo ingresan primero al sistema, lo que puede llevar a que una empresa competitiva supere el 30 % de la demanda", explicó Ivankovic.

El Gobierno mantiene que la actualización de la normativa es necesaria para evitar la concentración excesiva y garantizar un mercado eléctrico competitivo y sostenible.