El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada avanza en el Congreso. Según el Gobierno, el objetivo es fortalecer la protección del propietario sin dejar de resguardar a las personas vulnerables.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La iniciativa busca agilizar los procesos judiciales para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente o frente a incumplimientos contractuales. Eduardo Bonis, abogado especialista en la materia, afirma que el proceso de desalojo puede demorar dos meses o menos.
Desalojo exprés
La acción de desalojo podrá ser iniciada por cualquier persona que acredite un derecho o interés legítimo afectado. Esto incluye a inquilinos, subinquilinos, ocupantes precarios, intrusos y cualquier otro ocupante obligado a devolver el inmueble. La ley también establece que el propietario debe intimar previamente al inquilino a regularizar la deuda y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para pagar.
'La notificación será válida incluso si el inquilino se niega a recibirla o si no pudo concretarse por causas atribuibles a él', explica Bonis.
Protección de los inquilinos
Aunque la ley busca agilizar los procesos de desalojo, también mantiene la protección de menores, personas con discapacidad y adultos mayores. Los organismos competentes deberán intervenir en estos casos para garantizar la protección de los más vulnerables.
Próximos pasos
El proyecto de ley todavía requiere la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Si se aprueba, los propietarios podrán solicitar el desalojo de inquilinos que no pagan el alquiler o incumplen con las condiciones del contrato de manera más rápida y eficiente.
