El jueves 15 de octubre de 2026, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alertó que la partida de 7,2 billones de pesos destinada a las universidades públicas en el proyecto de presupuesto 2027 no cubre lo que exige la Ley de Financiamiento Universitario. Según el organismo, se requieren 2,5 billones de pesos adicionales para cumplir con la normativa.
La ley, sancionada en agosto de 2025, obliga al Estado a actualizar los recursos destinados a funcionamiento, salarios, hospitales universitarios, becas e investigación, con el objetivo de eliminar el rezago acumulado.
"Para cumplir la ley, el presupuesto debería pasar de 7,2 a 9,7 billones", afirmó Franco Bartolacci, presidente del CIN, a El Destape. La diferencia representa un aumento del 34 %.
Cifras de los analistas
La consultora Zentrix publicó este mismo jueves un informe que sitúa el costo extra en 2,45 billones de pesos si se mantiene la medida cautelar de la Corte Suprema. En un escenario más amplio, que incluiría una recomposición total de los rubros de funcionamiento, el gasto adicional podría ascender a 3,65 billones.
"El costo adicional rondaría los 2,45 billones de pesos", señaló la consultora.
Contexto judicial y fiscal
La Corte Suprema emitió en junio de 2026 una medida cautelar que obliga al Gobierno a destinar al menos 2 billones de pesos para salarios y becas. El incumplimiento de la ley ya generó una sanción para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien debe pagar una multa de 100 000 pesos diarios por cada día que persista la omisión.
Zentrix aclara que el financiamiento extra no comprometería el superávit fiscal previsto para el próximo año, ya que el Tesoro dispone de 7,68 billones de pesos en obligaciones sin asignación específica, fondos que podrían redirigirse.
El proyecto de presupuesto 2027 ya está siendo debatido en las comisiones del Congreso, y la decisión final definirá si el Ejecutivo logra evitar nuevas sanciones y satisfacer las demandas del sector universitario.
