El diputado Máximo Kirchner ingresó un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso. Esto sucede mientras la titular del FMI, Kristalina Georgieva, se encuentra en Buenos Aires.

El proyecto de ley, que cuenta con 22 artículos, busca declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina. La iniciativa deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio.

Qué busca el proyecto

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

Antecedentes

El proyecto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Javier Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso.

Principios rectores

El proyecto se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

Conclusión

El proyecto busca promover una enmienda que convierta en obligación el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa. La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes, incluyendo la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar.