El lunes, el diputado nacional Nicolás Massot y el senador Miguel Ángel Pichetto presentaron ante la justicia una medida cautelar para anular los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales y suprimido los límites a la compra de terrenos por parte de extranjeros.

Objetivo de la medida

Massot explicó que la acción busca impedir que, en una ventana de apenas 13‑14 días, se concreten operaciones que puedan generar derechos adquiridos antes de que el Congreso decida sobre la norma. > "Lo que queremos evitar es que esta ventana de tiempo, que tal vez son solamente 13 o 14 días, permita que se consoliden situaciones que después tengan efectos jurídicos", sostuvo.

Cómo se pretende bloquear las transacciones

La cautelar solicita al Poder Judicial que exija informes a las 24 provincias y a los registros de propiedad, con el fin de identificar escrituras que se celebren mientras se discute el futuro de la normativa. Massot también pidió que, de aprobarse la medida, se publique de inmediato en el Boletín Oficial, evitando que compradores invoquen buena fe o desconocimiento. > "Que nadie pueda alegar buena fe o desconocimiento", afirmó.

Riesgos de elusión

El legislador advirtió que, sin restricciones, se podrían utilizar mecanismos para sortear la normativa, como pagar entre USD 350.000 y USD 800.000, tramitar la ciudadanía de forma exprés y adquirir tierras estratégicas.

Alternativa legislativa del Gobierno

Massot criticó que el Ejecutivo no haya presentado una nueva ley que re‑establezca los límites. Según él, el gobierno podría aprobar rápidamente un proyecto que derogue el artículo 154 del DNU y restablezca la normativa anterior. > "En cualquier ley de las que se estaban discutiendo o en un proyecto nuevo, se pone un solo artículo que diga: ‘Deróguese el artículo 154 del DNU 70’ y se vuelve todo a la normalidad", explicó.

Reacciones y críticas al fallo de la Corte Suprema

El diputado también cuestionó la reciente decisión de la Corte Suprema que intervino en la disputa judicial, señalando que el razonamiento sobre la soberanía resultó obvio y tardío. > "Textualmente dice: ‘Como es obvio, la soberanía no es un derecho colectivo’. Si era obvio, hace dos años que lo tenían para fallar", afirmó.

Perspectivas de negociación

Massot señaló que, antes de la sesión especial del 15 de octubre, el gobierno aún tiene margen de diálogo. Mencionó al ministro del Interior, Diego Santilli, como interlocutor, aunque dudó de su capacidad para decidir en última instancia. > "Santilli tiene el conocimiento biográfico, la confianza de muchos actores y tiene las formas, pero por ahí no tiene la decisión última", indicó.

La medida cautelar y la posible iniciativa legislativa se inscriben en la disputa sobre la soberanía de la tierra y la inversión extranjera, tema que seguirá en la agenda política hasta la sesión del 15 de octubre.