El jueves 10 de septiembre los residentes de la colonia La Bethania, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, interrumpieron el tráfico en la calzada Mateo Flores del Anillo Periférico. Dos carriles fueron ocupados y solo quedó habilitado un sentido, de sur a norte, lo que detuvo la circulación en la zona.
"Solo quedó habilitado un carril en dirección sur‑norte", señaló Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra).
Los manifestantes cruzaron la vía con dos pipas de combustible para impedir el paso de vehículos y amenazaron con cerrar totalmente el anillo durante las próximas horas. La protesta forma parte de una jornada de cortes en varios puntos del país, motivada por el reciente incremento de los precios de los carburantes y por las medidas aprobadas por el Congreso para contenerlos, entre ellas un subsidio y un tope de precios que los participantes consideran insuficientes.
Exigencias y convocatoria popular
Los manifestantes, mayormente vecinos de La Bethania, portaban carteles que pedían la renuncia del presidente Bernardo Arévalo. Además, invitaron a residentes de las zonas 17, 18, Canalitos y sectores aledaños a sumarse a los bloqueos y paros, ampliando la presión en la capital.
"Queremos que el gobierno baje los precios del combustible y que el presidente renuncie", declaró un manifestante identificado como residente de la zona.
En los videos difundidos a los medios se escuchan detonaciones de proyectiles de arma de fuego, un hecho que alarmó a la población dado el control de la zona por pandillas locales.
Respuesta de las fuerzas de seguridad
Horas antes del bloqueo, un contingente del Ejército de Guatemala y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó a La Bethania con un camión táctico blindado Pitbull VX, acompañado por personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Según la PNC, el objetivo era "fortalecer las investigaciones vinculadas a hechos violentos y localizar cuerpos envueltos en sábanas o nailon".
El despliegue, inusual en la zona, incluyó también la retirada de cámaras de videovigilancia que las pandillas utilizaban para controlar el territorio. La presencia conjunta de militares, policías y fiscales buscó evitar una escalada del conflicto y garantizar la seguridad en la zona.
La situación sigue bajo vigilancia y las autoridades advierten la posibilidad de ampliarse los bloqueos si no se atienden las demandas de la población.
