El domingo un juzgado de la región de Potosí ordenó que Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia, permanezca en prisión preventiva durante 180 días por una investigación de supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

Nueva medida preventiva

La audiencia, realizada de forma virtual, dispuso el traslado del exfuncionario a la cárcel de Cantumarca, en la zona andina del país. La medida se suma a otra dictada el sábado por un magistrado distinto, también por 180 días, en el marco de una causa que acusa a Mariaca de organizar una red criminal y de tráfico de sustancias controladas.

Detalles del operativo y otras detenciones

El operativo que siguió a la captura de Mariaca el miércoles en Santa Cruz resultó en el decomiso de aproximadamente 303.270 dólares, ahora bajo custodia del Ministerio Público. En la misma investigación fueron arrestadas cuatro personas en la zona oriental de Santa Cruz; intentaban transportar billetes y divisas ocultos en una ambulancia proveniente de un condominio donde residía Mariaca.

Los detenidos fueron enviados a distintas unidades penitenciarias del departamento de La Paz, también con una medida preventiva de 180 días.

"La mera tenencia del dinero no constituye delito", sostuvo el abogado Jerjes Justiniano.

Reacciones del abogado y del propio Mariaca

Justiniano cuestionó la acusación, argumentando que corresponde a la Fiscalía probar la ilicitud de los fondos. Según el defensor, Mariaca declaró al término de la audiencia que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados, que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación y que "no tiene nada que esconder".

Las detenciones se produjeron dos días después de que EE. UU. incluyera a Mariaca, al fiscal Alberto Zeballos y al fiscal Martín Irusta en una lista de altos funcionarios a los que se les revocó el visado, acusándolos de corrupción y de socavar gobiernos democráticos.

El caso también provocó la destitución de Mariaca como fiscal general, tras la aprobación de una reforma que permite la suspensión definitiva de un fiscal cuando enfrenta una medida cautelar por delitos sancionables.