El lunes 26 de octubre de 2026, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) emitió la Resolución 366, que pone fin a la relación laboral de Virginia Aparicio, responsable de la Unidad Integrada Balcarce y coordinadora del proyecto SPRINT, por violar la normativa de empleo público.

Motivo de la sanción

La medida se basa en el artículo 24, incisos e e i de la ley marco de empleo público. El inciso e) prohíbe emplear la autoridad del puesto para fines ajenos a la función institucional; el inciso i) sanciona el uso indebido del patrimonio estatal. Según la resolución, Aparicio habría permitido que José Luis Costa, investigador retirado del INTA y su conviviente desde septiembre 2005, participara en la inspección y manejo de datos del proyecto sin autorización oficial ni declaración de conflicto.

"COSTA integraba el grupo familiar de APARICIO en calidad de conviviente", indica la resolución, que respalda la afirmación con las declaraciones juradas del legajo de la investigadora.

El documento señala que Costa, sin vínculo institucional vigente, figuró entre los responsables de inspeccionar los datos entregados a los voluntarios, pese a no contar con una designación formal del Consorcio.

Aspectos financieros

La sanción también menciona la gestión de fondos europeos ingresados al presupuesto del INTA. La cuenta muestra ingresos por 5.661.483,83 pesos, egresos por 5.527.359,58 pesos y un saldo residual de 134.124,25 pesos. Entre los gastos, destaca un pago a World Courier de 1.688.445,82 pesos en julio 2022 para el envío de muestras a los Países Bajos, equivalentes a unos 13.122,95 euros según la cotización oficial.

El Consejo aclara que esos montos, por sí solos, no constituyen un perjuicio fiscal verificable dentro del procedimiento disciplinario.

Reacción y próximos pasos

Aunque la resolución reconoce la ausencia de beneficio económico directo y de antecedentes disciplinarios, indica que dichos factores no atenúan la gravedad de la infracción. Aparicio continuará presentando los resultados del proyecto SPRINT, pero quedará excluida del INTA y del sector público.

"Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA", comentó la investigadora en una entrevista posterior.

El organismo ha indicado que revisará los protocolos de supervisión de proyectos financiados con fondos internacionales para evitar situaciones similares en el futuro.