El general retirado Walter Amador Lacayo, titular del Instituto Nacional Penitenciario (INP), comunicó que la cárcel de máxima seguridad de Ilama, en Santa Bárbara, recibirá una reestructuración de su personal directivo y que se abrirán investigaciones contra empleados que ayuden a introducir objetos ilícitos.
Cambios de mando y nuevas normas
Amador Lacayo explicó que, a partir de ahora, familiares y abogados no podrán ingresar a los centros penitenciario, con el objetivo de cortar cualquier vía de paso para artículos prohibidos. “Si entra algo al centro penitenciario es porque los funcionarios están coludidos”, sostuvo el director.
Régimen de penas y proceso de investigación
Los funcionarios que resulten involucrados enfrentarán condenas de 30 a 40 años de prisión y serán trasladados al régimen de máxima seguridad. > “Si algo ingresa, los funcionarios involucrados enfrentarán de 30 a 40 años de cárcel”, afirmó Amador Lacayo.
Tecnología y limitaciones
El INP dispone de escáneres de carga, dispositivos de inspección corporal y equipos móviles para detectar objetos prohibidos. No obstante, Lacayo advirtió que la efectividad depende de la integridad del personal que opera dichos aparatos.
Situación de la población penitenciaria
Según el propio instituto, 1 245 internos están recluidos en La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y son catalogados como miembros de maras y pandillas, sin considerarse terroristas. El resto de la población penitenciaria asciende a 19 515 internos distribuidos en establecimientos de mediana y mínima seguridad.
El objetivo, según el director, es reforzar los controles internos, identificar a los responsables de vulnerar los sistemas y aplicar las sanciones correspondientes, sin importar el cargo que ocupen dentro del organismo penitenciario.
