El Congreso de Guatemala aprobó el 3 de noviembre la iniciativa 6347, conocida como Ley Marco de Ciberseguridad, con 121 votos a favor, creando un marco legal y una estructura estatal para prevenir y responder a ataques digitales.
La norma, contenida en el Decreto 26-2026, entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial y comprende 96 artículos que regulan aspectos administrativos, penales y procesales.
Nueva arquitectura institucional
El presidente encabezará el Consejo Nacional de Ciberseguridad, integrado por varios ministros y el secretario de Inteligencia Estratégica. El Ministerio de Gobernación coordinará la política mediante una Dirección Nacional de Ciberseguridad.
Se establecerá el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), que deberá estar operativo en un plazo máximo de 18 meses. El Ministerio de Defensa Nacional contará con una unidad de ciberdefensa separada de las funciones civiles.
"Con esta estructura buscamos una respuesta rápida y coordinada ante cualquier amenaza digital", afirmó el diputado Jorge Mario Villagrán, presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional.
Obligaciones de reporte y plazos
Las infraestructuras críticas deberán notificar incidentes en tres horas. Otros sectores disponen de seis horas para avisar y deben presentar un informe completo dentro de 72 horas.
El CRIC-GT anonimizará la información recibida y protegerá los datos personales e institucionales, garantizando la confidencialidad durante la investigación.
Sanciones y procedimientos judiciales
La ley tipifica delitos como acceso no autorizado, interceptación, manipulación o eliminación de datos, con penas de dos a ocho años de prisión. Si se vulneran datos confidenciales, infraestructuras críticas o información de seguridad nacional, las condenas aumentan.
Funcionarios públicos que ataquen sus propias instituciones pueden ser inhabilitados por siete años. El uso de herramientas para cometer ciberdelitos también está penado, salvo cuando se trate de pruebas autorizadas.
Las órdenes judiciales deberán especificar el objetivo, los equipos afectados y el plazo, priorizando la copia forense antes de suspender sistemas completos.
Cooperación y educación
El marco legal incluye mecanismos de cooperación internacional, intercambio de evidencia digital y la creación de una mesa técnica con participación estatal, privada, académica y de la sociedad civil.
Se incorporarán contenidos de ciberseguridad en los planes de estudio escolares y se fomentará la capacitación e investigación en el sector.
Con esta aprobación, Guatemala se posiciona entre los países de la región que fortalecen su legislación en ciberseguridad.
