Durante los primeros cuatro meses de la gestión del fiscal general Gabriel Estuardo García Luna, el Ministerio Público de Guatemala presentó un informe que resume los avances en la lucha contra la extorsión, la narcoactividad y el crimen organizado.
Resultados de la fiscalía de extorsión
La unidad especializada en extorsión llevó a cabo 44 operativos, realizó 445 allanamientos, detuvo a 662 personas y obtuvo 619 sentencias condenatorias. Además, se congelaron 96 cuentas bancarias y se evitaron pagos por 6,94 millones de quetzales gracias a la asistencia a víctimas.
Acciones contra narcoactividad y crimen organizado
En materia de narcoactividad, la fiscalía ejecutó 34 operativos, solicitó 172 allanamientos, detuvo a 167 individuos y erradicó 30 540 arbustos de coca. Las investigaciones sobre crimen organizado generaron 104 allanamientos, 19 órdenes de aprehensión, 18 acusaciones y nueve condenas.
La unidad Antipandillas Transnacionales realizó 30 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Chiquimula, Escuintla y El Progreso, en coordinación con los ministerios de Gobernación y Defensa. Por su parte, la fiscalía de lavado de dinero efectuó 18 allanamientos, ejecutó 28 órdenes de aprehensión, dictó 59 sentencias y condenó a 60 personas, manteniendo 71 reuniones de coordinación con la Intendencia de Verificación Especial y la Dirección de Análisis Financiero.
Reforzamiento territorial y logístico
El diagnóstico interno reveló desigualdades en personal, infraestructura y transporte entre nueve regiones. Como medida, el Ministerio Público homogenizó la distribución de recursos entre las fiscalías regionales.
En la zona Suroriente (Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa) se registraron 487 allanamientos, 72 acusaciones, 30 sentencias y 706 órdenes de aprehensión. En la región Nororiente (Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso) se contabilizaron 82 allanamientos, 58 detenciones, 46 sentencias y 69 reuniones interinstitucionales.
La Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) inició una reorganización tras detectar una carencia de insumos básicos durante una década. Se priorizó la compra de guantes, mascarillas, bolsas para cadáveres y cinta adhesiva para la cadena de custodia. Asimismo, se trasladaron técnicos temporales para reforzar áreas con escasez de plazas y se redistribuyeron vehículos institucionales para mejorar la movilidad de las fiscalías de secuestros, derechos humanos y municipios.
Con estos ajustes, el Ministerio Público busca cerrar brechas operativas y fortalecer la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.
