El 27 de octubre de 2026, el exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez presentó una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sede panameña, alegando una campaña judicial sistemática que lo forzó a abandonar Guatemala en 2022.

Denuncia y contexto judicial

La petición enumera diez procesos de antejuicio iniciados contra Gálvez desde 2016, con tres de ellos abiertos simultáneamente en 2022. Además, registra veinticinco denuncias penales y administrativas, de las cuales veintiuna fueron desestimadas por falta de fundamento.

Según los firmantes, estas acciones representan represalias directas por decisiones judiciales en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. El hostigamiento se intensificó cuando el exjuez dirigía el expediente Diario Militar, que investigaba graves abusos cometidos por militares retirados durante el conflicto interno.

El proceso de antejuicio, descrito como expedito e irregular, puso en riesgo su libertad e integridad, lo que lo llevó a renunciar en diciembre de 2022 y a salir del país poco después.

Trayectoria y casos emblemáticos

Gálvez ejerció cargos judiciales desde 1990 y, a partir de 2011, presidió el Juzgado Pluripersonal Primero Penal de Mayor Riesgo. En esa posición, procesó a los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio contra el pueblo ixil, llevó a juicio el caso Sepur Zarco por esclavitud sexual militar, y vinculó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción aduanera. También tramitó el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.

Medidas cautelares y respuesta internacional

En agosto de 2016, la CIDH concedió medidas cautelares a Gálvez, vigentes por siete años. En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió la protección con medidas provisionales al constatar que la seguridad ofrecida por el Estado era insuficiente.

Pese a ambas decisiones, el hostigamiento continuó, culminando en su exilio. > "Esto significa que el Estado tiene que analizar el tema de la persecución sistemática en Guatemala, pero también me siento triste, porque estamos hablando de mi vida, son veinticinco años de ser juez y cuatro años de estar fuera", declaró Gálvez tras presentar la solicitud.

Reacciones de la sociedad civil

Gisela de León, directora jurídica de CEJIL, señaló que la petición busca documentar una práctica más amplia contra operadores de justicia independientes. > "El caso es un ejemplo más de la práctica sistemática de criminalización de operadores de justicia independientes que llevaba a cabo la anterior administración del Ministerio Público", afirmó.

La organización vincula este patrón a la gestión de Consuelo Porras, entonces titular del Ministerio Público, quien habría impulsado parte de las denuncias contra Gálvez. Una de esas acciones, promovida por la Fundación contra el Terrorismo, recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia, aumentando el riesgo de prisión para el exjuez.

Reparaciones solicitadas y próximos pasos

Los peticionarios piden al Estado guatemalteco crear condiciones que permitan el regreso seguro de Gálvez y garantizar la protección de sus derechos. La CIDH analizará la solicitud y determinará las medidas que correspondan.