La Justicia Civil de primera instancia de Neuquén dictó sentencia contra la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, imponiéndole una multa de $5 millones por daño moral y la obligación de eliminar de sus redes sociales cualquier referencia a la denuncia que había presentado contra Marcelo Severini, presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF).

Medidas y plazos

El fallo estableció un plazo de diez días para que Ruiz cumpla con la supresión de los contenidos. De no hacerlo, el juzgado le aplicará sanciones económicas progresivas. Además, las costas del proceso fueron cargadas a la demandada.

Origen del litigio

El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando Ruiz fue suspendida preventivamente de la Legislatura de Neuquén en medio de una crisis institucional. Tras su destitución, la entonces vicegobernadora interpuso una denuncia penal contra Severini y varios funcionarios, alegando conspiración para desplazarla del poder.

Esa denuncia, impulsada por sus abogados encabezados por Carlos Broitman, incluía cargos de asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. Sin embargo, el tribunal civil consideró que la acusación carecía de hechos concretos y de pruebas mínimas para sostenerla, por lo que la desestimó.

Trámite judicial previo

Inicialmente la causa se tramitó en la Justicia Federal de Buenos Aires, pero el juez Sebastián Casanello declaró incompetente al caso por razones territoriales y lo remitió a los tribunales federales de Neuquén. Allí, la fiscal Mariana Querejeta también declinó la competencia, argumentando que no había materia federal involucrada. Finalmente, la Fiscalía provincial, bajo la dirección de Diego Azcárate, archivó la denuncia por falta de tipicidad, lo que sirvió de base para la demanda civil de Severini por daños y perjuicios.

Implicancias de la sentencia

La decisión judicial marca un nuevo episodio en la serie de conflictos legales que ha rodeado a la ex vicegobernadora, luego de la crisis institucional que sacudió la Legislatura a finales de 2024. La orden de retirar los contenidos digitales busca reparar el presunto daño al honor del presidente de la cooperativa eléctrica.