El sábado un magistrado boliviano dictó la medida cautelar de 180 días contra Roger Mariaca, ex fiscal general, ordenando su traslado a la cárcel de Cantumarca, en la provincia de Potosí. La decisión se tomó tras una audiencia que se extendió más de quince horas.
Medidas contra los demás imputados
Junto a Mariaca, el ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, será recluido durante el mismo plazo en el penal de El Abra, en Cochabamba. El fiscal superior, Martín Irusta, será enviado a la prisión de Patacamaya, en el altiplano de La Paz. Un mayor de la Policía, también investigado, quedó bajo custodia en el centro de máxima seguridad de Chonchocoro. Los cuatro detenidos fueron ingresados el miércoles en instalaciones de la fuerza antidrogas de El Alto, ciudad limítrofe con La Paz, bajo cargos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Reacción del nuevo fiscal
"Entraré prácticamente a un campo de guerra", declaró José Armando Urioste, designado como fiscal general interino, al asumir el cargo tras la destitución de Mariaca.
Urioste, abogado con 35 años de trayectoria, anunció una auditoría jurídica del Ministerio Público y prometió depurar la institución, a la que calificó de "brazo extorsivo" y de "encubrimiento" de delitos.
Contexto político y judicial
Las detenciones se produjeron dos días después de que EE. UU. revocara los visados de Mariaca, Zeballos e Irusta, incluyéndolos en una lista de funcionarios acusados de corrupción y de socavar gobiernos democráticos. En paralelo, el Parlamento aprobó una reforma que permite la suspensión definitiva del fiscal general cuando exista una imputación formal o una medida cautelar. El presidente Rodrigo Paz promulgó la norma de inmediato y, tras la destitución de Mariaca, nombró a Urioste como titular interino mientras se elige un nuevo fiscal mediante el procedimiento constitucional.
