Maricarmen Abascal tenía 87 años, una discapacidad del 50% y había vivido siete décadas en el mismo piso del barrio de Retiro, en Madrid. En septiembre de 2026, los nuevos dueños del inmueble le triplicaron el alquiler, volviéndolo impagable con su pensión. El 23 de septiembre fue desalojada. Quince días después, falleció en un hospital. Su caso, que trascendió fronteras, pone el foco en la vulnerabilidad de las personas mayores frente al mercado inmobiliario y las políticas públicas.

Un problema que excede a España

La situación de Maricarmen no es un hecho aislado. En Argentina también se registran desalojos de adultos mayores que quedan sin vivienda y sin contención institucional. No existen estadísticas oficiales sobre cuántas personas mayores pierden su hogar cada año, pero defensorías y organizaciones sociales reportan casos recurrentes. Esta falta de datos impide diseñar políticas de prevención y tutela reforzada para quienes envejecen en la precariedad.

La respuesta política y la solidaridad intergeneracional

Tras el desalojo, el Gobierno español emitió dos decretos-ley para frenar desalojos, limitar aumentos de alquiler y estabilizar contratos. Sin embargo, el Congreso los rechazó días después, dejándolos sin efecto. Esto desató tensiones que derivaron en elecciones anticipadas. Maricarmen quedó atrapada en ese vacío normativo.

'Los jóvenes ocuparon la Puerta del Sol para acompañarla y visibilizar sus propias dificultades habitacionales', señalaron testigos.

Muchos de esos jóvenes viven en habitaciones compartidas o contratos precarios. La plaza se convirtió en un espacio de solidaridad intergeneracional, donde vejez y juventud reclamaron juntos el derecho a una vivienda digna. Este gesto demostró que la vulnerabilidad habitacional no distingue edades y que la protección constitucional debe pensarse desde un lazo entre generaciones.

El debate constitucional pendiente

El caso de Maricarmen plantea una tensión entre el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda digna cuando la persona afectada es mayor y vulnerable. La Constitución española protege la propiedad pero la subordina a su función social, y reconoce el derecho a la vivienda y la suficiencia económica de la tercera edad. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen proporcionalidad entre propiedad y domicilio. No se trata de sacrificar un derecho por otro, sino de evitar daños irreparables en quienes acumulan vulnerabilidades. La vejez no es un déficit, sino una etapa donde las fragilidades se intensifican según las condiciones materiales y las barreras del entorno.